Para el Gobierno la respuesta de la ONU es cristalina. Ellos mismos denunciaron las denominadas leyes de concordia ante Naciones Unidas y menos de 1 mes después, los relatores analizan en un informe de ocho páginas las tres normas aprobadas o presentadas en Castilla La Mancha, Comunidad Valencia y Aragón. Iniciativas que dicen podrían afectar a la obligación del estado en materia de derechos humanos, que pueden invisibilizar graves violaciones de esos derechos humanos y que omiten nombrar o condenar el régimen franquista. Por eso insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para proteger los estándares internacionales.
