El Gobierno elige a 550 de sus 2.100 altos cargos por criterios de confianza política

El «abuso», que según los sindicatos, el Gobierno del Principado viene haciendo desde hace varios años del sistema de libre designación para cubrir puestos de responsabilidad por parte de altos funcionarios -los «pata negra»- sin tener en cuenta sus méritos, queda reflejado en las cifras que manejan algunas centrales. Éstas señalan que unos 550 de los aproximadamente 2.100 altos cargos funcionariales que existen en el sistema de la administración pública del Principado (no incluye a los trabajadores de Sanidad y Educación) han sido cubiertos «a dedo» utilizando el criterio de la confianza personal por parte del cargo político, y no a través del concurso de méritos, que la ley prevé como el «modo normal». La libre designación se reserva para cargos que sean considerados de confianza, lo que a su vez debe ser debidamente justificado.

Es decir, más del 26%, uno de cada cuatro, de los cargos dentro de la carrera funcionarial de la Administración han sido seleccionados siguiendo lo que popularmente se conoce como sistema digital. La pirámide funcionarial se compone, de arriba abajo, de los puestos de jefe de servicio, coordinador-asesor (ésta categoría ha sido introducida por decisión del Gobierno ante la indignación sindical), jefe de sección y jefe de negociado. La proliferación de la elección de este tipo de cargos, obviando los méritos del funcionario (antigüedad, trabajo desarrollado o cursos de formación) de cara a la promoción de su carrera profesional vertical, ha llevado a varios sindicatos a recurrir los nombramientos de altos funcionarios en más de una ocasión. De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya ha dictado varias sentencias contra el Principado, muchas recurridas ante el Supremo, anulando el nombramiento de más de 161 jefes de servicio por abusar del criterio de libre designación o ha puesto en tela de juicio el nombramiento de 350 jefes de servicio. Por contra, y a pesar de éstos y otros varapalos judiciales, como el de la carrera profesional que se ha llevado la gestión del personal público regional, el Gobierno defiende que ha ganado más del 98% de los recursos -unos 710- presentados contra los concursos y procesos de selección de personal de la Administración.