Oviedo, J. A. A.

PSOE e IU, los dos socios de gobierno, aprobaron ayer en la Junta la octava reforma de una ley de función pública muy discutida por los sindicatos y la oposición, ya que tanto el PP como el Bloque creen que es inconstitucional.

La consejera Ana Rosa Migoya, que defendió la ley en la enmienda de totalidad de la pasada semana, motivo por el cual ayer no intervino, escuchó con gesto más que serio las críticas formuladas primero por el diputado popular Ramón García Cañal y luego por el portavoz del Bloque por Asturies, Roberto Colunga. Los argumentos de ambos fueron bastante similares en el contenido. Cañal puso de manifiesto que la reforma se aleja de las observaciones realizadas por el letrado de la Junta sobre la libre designación en un informe preceptivo, pero no de obligado cumplimiento. El diputado del PP afirmó que esta ley, «lejos de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, lo vulnera radicalmente». Desde su punto de vista, el Ejecutivo pretende «la docilidad o connivencia política» de los empleados públicos. Cañal hizo suya la advertencia lanzada días atrás por el colectivo Conceyu por otra Función Pública acerca de que una de las enmiendas introducidas por PSOE e IU, y criticada también por el sindicato USIPA, «condicionará decisivamente el resultado de los concursos de méritos». Mediante esa enmienda se equiparan las valoraciones de la experiencia acumulada por el personal temporal e interino y los funcionarios de carrera, de cara a la promoción interna. «El sistema "dedocrático" se extiende sin límites a todos los puestos singularizados: secciones, negociados y similares», denunció Cañal. Roberto Colunga, del Bloque, avanzó que su grupo llevará esta reforma ante el Tribunal Constitucional si le es posible. La portavoz socialista, Servanda García, acusó a Cañal y Colunga de decir «barbaridades» y de «fusilar» las posiciones del colectivo Conceyu por otra Función Pública en Asturias. Diana Camafeita (IU) rechazó que su partido pretenda instaurar el «dedazo». «No se quiere meter a nadie por la puerta de atrás ni amordazar a los funcionarios». afirmó. Al final, tras la votación favorable al proyecto de ley del Gobierno por 24 votos a 21, Migoya no pudo evitar cruzar una sonrisa y un apretón de manos con Álvarez Areces.