Oviedo,
Félix VALLINA
El Gobierno del Principado está dispuesto a depurar responsabilidades en relación con el vertido que ha teñido de negro parte del litoral asturiano. Por el momento, la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente abrió ayer un expediente sancionador a la empresa eléctrica Hidrocantábrico por la fuga de diez toneladas de fuel que se produjo el pasado 26 de junio al romperse una tubería en la central térmica que la compañía tiene en Aboño (Carreño).
En la providencia de inicio de procedimiento sancionador, que ya le ha sido notificada a Hidrocantábrico, el Principado recoge un doble incumplimiento de la autorización ambiental integrada de la térmica (la normativa que permite explotar una instalación industrial bajo determinadas condiciones de respeto al medio ambiente y a la salud de las personas). Por un lado, «se constata que se incumplió la calidad del vertido fijada en la autorización ambiental integrada, puesto que se vertieron restos de fuel procedentes de un derrame». Por el otro, «se incumplió lo dispuesto en la autorización en lo que se refiere a la obligatoriedad de mantener separadas las redes de aguas pluviales y de aguas de refrigeración». De hecho, «el vertido se produjo porque la red de aguas pluviales -que en su funcionamiento normal lleva sus aguas a la estación depuradora de aguas residuales industriales- estaba conectada a través de una arqueta con la conducción de aguas de refrigeración del grupo II de la térmica».
Por su parte, la diputada regional de IU, Emilia Vázquez, subrayó ayer que la autorización medioambiental a la central térmica de Aboño la concedió, en abril de 2008, Belén Fernández, actual titular de la Consejería que ha presentado el expediente sancionador y antigua responsable del área de Medio Ambiente y Desarrollo Rural durante los años 2007 y 2008, con Vicente Álvarez Areces.
La Consejería también le ha vuelto a pedir a la empresa la elaboración «urgente» de un programa de medidas de recuperación y restauración ambiental. En este sentido, el Principado le envió ayer un requerimiento a HC en el que le pide información exhaustiva sobre el suceso. Esta memoria, que tiene que ser entregada a la Administración en un plazo máximo de 15 días, deberá incluir contenidos como «una descripción del estado básico de la zona afectada, la identificación de los recursos naturales y servicios afectados, los umbrales de toxicidad y la cuantificación del daño».
Por otro lado, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) aplazará la entrega de las veinte banderas azules concedidas en la costa asturiana como medida preventiva, a la espera de ver cómo evoluciona el vertido. Así lo anunció ayer el presidente de ADEAC, José Ramón Sánchez Moro, que se mostró partidario de hacer extensiva la medida preventiva a las 19 playas asturianas que habían obtenido esta distinción -junto al puerto deportivo de Gijón- y no sólo a las afectadas por la «marea negra». «No tiene sentido entregar una bandera y que luego, dentro de unos días, a raíz de una inspección, la tengamos que quitar», declaró Sánchez Moro.
