Oviedo, Agencias /
Eloy MÉNDEZ
Las exigencias de austeridad suman otro capítulo. El Gobierno impondrá más recortes al Principado y al resto de las comunidades autónomas durante el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará el 12 de julio y que deberá valorar el primer plan de ajustes elaborado por el equipo de Javier Fernández, después del rechazo que encontró el redactado por el anterior Ejecutivo de Foro Asturias. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer, tras el Consejo de Ministros, que las comunidades deberán adoptar «algunas medidas que son imprescindibles» para avanzar en la estrategia de consolidación fiscal y del cumplimiento de los objetivos de déficit. Además, el gabinete dio los primeros pasos de cara a aprobar la gran reforma de la Administración local, que prevé la supresión de las mancomunidades y la reordenación de competencias.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera servirá para que el Ministerio de Hacienda examine el plan de ajustes presentado por el Ejecutivo regional, de 498 millones de euros. Este documento incluye una importante subida de impuestos, que se aplicará en base a una mayor presión fiscal sobre las rentas altas y mediante la aprobación del tipo máximo en la carga sobre hidrocarburos. Además, también prevé la venta de participaciones públicas de la constructora Sedes, el Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones y el hotel de La Reconquista, así como la supresión del Instituto Regional de Estadística, único organismo público eliminado.
Unos planes que se quedarán cortos a tenor de las exigencias de Hacienda, que ya había transmitido al Principado la necesidad de aprobar unos recortes que llegaran hasta los 616 millones de euros. Por eso, aunque el Ministerio dé por bueno el primer plan autonómico, es seguro que el Ejecutivo asturiano deberá ampliarlo, al igual que el resto de las autonomías, durante las próximas semanas.
También para proseguir con las medidas de ahorro se aprobará el nuevo plan de reestructuración de los gobiernos locales. En este sentido, la Vicepresidenta subrayó ayer que esta reforma se verá reforzada también con la ley de Transparencia, que establecerá que los Presupuestos Generales del Estado fijen los baremos de los sueldos de alcaldes y concejales, como sucede con los del presidente, los ministros y otros miembros de instituciones públicas. El Ejecutivo tiene intención de aprobar con «gran inmediatez», durante este mes, la norma de racionalización y sostenibilidad local, cuyo nombre ha desvelado hoy la Vicepresidenta y que modificará la actual ley de Bases de Régimen Local, que data de 1985.
Por lo tanto, la clarificación de estas competencias y de la estructura afectará a la financiación y la aplicación de las medidas de la ley de Estabilidad Presupuestaria a las corporaciones locales y «a las que queden después de ese procedimiento».
En el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado marzo, el Ejecutivo calculaba ahorrar 3.500 millones de euros gracias a la ordenación de las «competencias impropias» y la agrupación de municipios. Según ha avanzado en las últimas semanas el Ejecutivo, la reforma no implicará la eliminación de ayuntamientos, pero sí la supresión de todas las mancomunidades, al considerarlas unas entidades «opacas» por su funcionamiento y atribuciones.
