La ley de Transparencia difícilmente dará a los ciudadanos información sobre las administraciones públicas, cuando la propia Sindicatura no consigue que rindan cuentas en plazo, pese a que es un organismo público cuyo deber es, precisamente, "lograr la transparencia" de las instituciones.
Esta es, a grandes rasgos, la opinión sostenida ayer por los tres síndicos asturianos, Avelino Viejo, Antonio Arias y Miguel Ángel Menéndez. Los tres comparecieron en la Junta General del Principado para exponer su opinión, "personal y no vinculante", sobre la ley de Transparencia que tramita el Gobierno regional, cuya efectividad ha sido cuestionada también por los expertos en Derecho que acudieron al parlamento regional a exponer su visión de la nueva normativa. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, defendió sin embargo la nueva regulación legal, que a su juicio está "entre lo razonable y lo posible", y que será "una marca de calidad" de la Administración asturiana, por lo que pidió el "consenso" de los grupos parlamentarios para sacar el proyecto adelante.
Para el síndico mayor, Avelino Viejo, la norma es un avance "notable y prometedor", pero su aplicación es difícil, ya que a su juicio el ciudadano no estará en mejor posición que la propia Sindicatura para obtener una información que el órgano fiscalizador no consigue. Similar opinión expuso Antonio Arias, que considera además que el proyecto adolece de "ausencias clamorosas" frente a la normativa estatal. Miguel Ángel Menéndez defendió, por su parte, el derecho de los ciudadanos a obtener información sobre la gestión pública.
Las críticas a la nueva normativa llegaron también del PP y del Conceyu por otra Función Pública.
Para los populares, el PSOE está "protagonizando una farsa para confundir a los asturianos", al proponer una ley que, según la diputada Emma Ramos, "no aporta nada" a la normativa estatal. La parlamentaria regional aboga por devolver el proyecto de ley al Gobierno, para que presente "propuestas que realmente sean novedosas, concretas, prácticas y ambiciosas". Para Ramos, la norma es un intento del Gobierno regional de hacerse pasar "por adalid de la transparencia" con "una superflua e imprecisa declaración de intenciones". Para el PP el proyecto del Principado "llega incluso a caer en posibles problemas competenciales que pueden conducir a que el Estado lo recurra ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias". Además, los populares sostienen que la independencia "brilla por su ausencia, al estar vinculado el Consejo de Transparencia al Consejo Consultivo del Principado, órgano que al mismo tiempo que entra en el ámbito de aplicación de la ley sería quien resuelva las reclamaciones".
Por su parte, la asociación Conceyu por otra Función Pública cree que la normativa es "un maquillaje" que no contiene "ninguna medida o iniciativa real y efectiva para hacer posible la participación ciudadana", y que su lema podría ser "ver pero no tocar". La asociación critica que no se facilite la identidad de 98 asesores políticos del Principado.
