El conjunto de los ayuntamientos españoles recibirán este año un total 17.476,46 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por participación en los ingresos del Estado, un 6,6% más que en 2014, cuando percibieron 16.397,64 millones de euros. La cifra supone un 24,1% más que los 14.084,71 millones de euros que recibieron las entidades locales de forma anticipada en 2012.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas adelantó ayer el dato. En el caso de los grandes ayuntamientos asturianos, el de Oviedo recibirá un total de 53.591.552,99 euros; el de Gijón, 72.294.727,81 euros, y el de Avilés, 20.359.352,91 euros. No se desglosa, sin embargo, la comparativa respecto a la entrega anterior.

Las entregas a cuenta del Estado consisten en adelantar la financiación de las entidades locales partiendo de la previsión de ingresos para cada ejercicio por IRPF, IVA e Impuestos Especiales y en función del modelo de financiación. Los ayuntamientos de mayor entidad reciben también una cesión de IRPF, IVA e Impuestos Especiales.

Así, los ayuntamientos que más dinero recibirán serán Madrid, con 1.565,70 millones de euros, un 6,7 % más que en 2014 y un 23,5 % más que en 2012; a Barcelona llegarán 1.087,46 millones, un 6,5% más que en 2014 y un 23,2% más que en 2012, y a Valencia 341,38 millones de euros, un 6,4% más que en 2014 y un 23,4% más que en 2012.

El reparto publicado ayer por el Ministerio fija para los principales ayuntamientos (capitales de provincia, de comunidad autónoma o con más de 75.000 habitantes) una cuantía global de 6.993,54 millones de euros. Para el resto de entidades locales la cantidad asciende a 4.573,56 millones y para las diputaciones provinciales es de 5.909,35 millones.

El Gobierno central también tiene previsto emitir otros 8.000 millones más de deuda pública nacional a lo largo de este 2015 para asumir las necesidades de financiación de las comunidades autónomas con coste cero de los intereses, según publicaba ayer El Mundo en su edición digital. Con esta medida se pretende que las autonomías cumplan con el límite de déficit, fijado en el 0,7%.