Diez procesados (uno de ellos en la cárcel y otro huido a África) por el caso de prostitución de menores tuteladas en Asturias: las víctimas los reconocieron y sus móviles son clave

Las víctimas salían por bares donde no les pedían el requisito de mayoría de edad y la red ofrecía servicios por 50 euros

La consejera de Derechos Sociales, que comparecerá en la Junta, se reunirá con la Fiscalía de Menores y las direcciones de los centros de acogimiento para analizar lo sucedido

El caso de las cinco menores tuteladas por el Principado víctimas de explotación sexual

El caso de las cinco menores tuteladas por el Principado víctimas de explotación sexual

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, se reunirá con la Fiscalía de Menores y también con las direcciones de los centros de acogimiento para analizar los protocolos y medidas de coordinación vigentes. También comparecerá a petición propia en la Junta General del Principado para informar sobre la operación policial que ha destapado el sórdido caso de explotación sexual de cinco menores tuteladas por el Principado. Del Arco ha solicitado intervenir en el parlamento para dar cuenta de la investigación que se desencadenó tras una denuncia presentada por la propia Administración y en cuyas pesquisas ha colaborado activamente. El Gobierno regional indica que se "redoblarán esfuerzos para asegurar que todas las medidas de protección funcionen con la mayor agilidad posible y con la máxima eficacia".

Los directores de centros, tanto públicos como concertados, han sido convocados a una reunión este viernes para evaluar el impacto de la formación orientada a facilitar la detección de situaciones de riesgo de violencia sexual que se ha impartido en los dos últimos años. Tal y como ya explicó este martes en rueda de prensa la consejera, este tipo de sesiones se convocan a iniciativa de la consejería siempre que se produce algún caso de violencia. En la reunión se analizará el impacto en los menores tutelados de las detenciones por las agresiones sexuales a menores.

Sobre el caso propiamente dicho, se ha sabido que tan solo tres de las cinco menores han sido exploradas en el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, del que es titular la magistrada Marisa Llaneza. La última exploración se produjo hace tres semanas, a mediados del mes de abril. Una de las menores no ha podido ser examinada al haberse fugado del centro y estar en paradero desconocido.

De lo instruido hasta ahora se concluye que las menores "salían de noche de forma habitual y que al entrar en diversos locales no se les pedía el carné de identidad", según indicaron fuentes jurídicas. Como ya desveló LA NUEVA ESPAÑA, las jóvenes acudían a bares y locutorios del Antiguo de Oviedo, y allí eran contactadas para mantener relaciones sexuales en domicilios. Su campo de acción no se circunscribiría a Oviedo, sino que acudirían también a Gijón y otras localidades asturianas, según las mismas fuentes. La red de explotación ofrecía cada servicio por unos 50 euros. Varios de los detenidos, e incluso una de las menores, la de mayor edad, cobraban cierta cantidad por contactar a las niñas con clientes.

Aunque fueron doce los detenidos, solo se sigue el proceso contra diez de ellos, uno de los cuales se encuentra encarcelado en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que –estimando dicho recurso– revocó el pasado mes de marzo el auto de primera instancia por el que se había decretado su libertad provisional con medidas cautelares.

Los demás investigados que figuran en la causa se encuentran en situación de libertad provisional, a petición del Ministerio Fiscal, cuatro de ellos con medidas cautelares y de protección hacia las víctimas. Uno de ellos, un subsahariano, habría huido a su país en África, lo que dificultará que rinda cuentas ante la justicia. Todos los implicados han sido reconocidos fotográficamente por las víctimas, que han entregado sus móviles a la Policía para volcar sus conversaciones y recopilar pruebas contra los implicados.