El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, tachó ayer en Avilés de "inaceptable" la brecha salarial entre hombres y mujeres en Asturias -alcanza ya el 27 por ciento y se encuentra entre las más altas del país- y aseveró que el Gobierno regional "no descarta penalizaciones para las empresas que incumplan los principios de igualdad salarial en un futuro". Estas medidas punitivas se analizan en el marco de la elaboración del segundo Plan Estratégico de Igualdad y en la puesta en marcha de la Estrategia para la lucha contra la desigualdad salarial en los que trabaja la Consejería de Presidencia. "Próximamente, iniciaremos una ronda de reuniones a través de la Delegación del Gobierno con órganos territoriales del Estados, entre ellos, la Inspección de Trabajo y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la elaboración de la estrategia contra la brecha salarial", añadió el Consejero.

Martínez hizo ayer estas manifestaciones en la Escuela de Emprendedores y Empresarias de Asturias, con sede en Avilés, con motivo de la presentación de la primera convocatoria para que las empresas concurran a la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, un distintivo que pretende reconocer el esfuerzo de las compañías que impulsan la equidad laboral entre hombres y mujeres. Asturias es la quinta comunidad autónoma que introduce su propia marca de igualdad. La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, anunció que la convocatoria saldrá publicada esta semana en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y que sus previsiones pasan por poder entregar los primeros distintivos de igualdad a las empresas el próximo junio.

Para la concesión de la marca se tendrá en cuenta la participación equilibrada entre hombres y mujeres en los ámbitos de toma de decisión, el acceso equitativo a los puestos de mayor responsabilidad en la empresa, el establecimiento de criterios y sistemas de remuneración y clasificación profesional actualizados, así como la implicación de la plantilla y de los representantes sindicales en la elaboración de planes de igualdad. También se valorará las actuaciones que permitan conciliar la vida familiar y personal de la plantilla. El certificado tendrá una vigencia de tres años, pero se someterá a las empresas a controles anuales para comprobar que mantienen los planes de igualdad.