Aboño,

Braulio FERNÁNDEZ

El Ayuntamiento de Carreño acaba de aprobar la concesión de una licencia para desmontar parte del Alto de Aboño, solicitada por la empresa Tudela Veguín, propietaria de la práctica totalidad del monte en el concejo. Los votos de PSOE, IU y PP fueron suficientes para dar de paso un permiso que ha creado controversia, ya que, según denuncia la Unión Independiente de Carreño (UICA), «se contradice con la defensa en los tribunales que se está haciendo» para evitar el desmonte de Aboño con el fin de ampliar el puerto gijonés de El Musel .

La licencia permitirá a la cementera explanar una sexta parte del alto carreñense, mientras que la Autoridad Portuaria gijonesa pretende hacer lo mismo con buena parte de los terrenos. En este caso, el Ayuntamiento mantiene su negativa a aceptar el desmonte si no está precedido de estudio ambiental, lo que le ha llevado hasta los tribunales.

La Consejería de Infraestructuras autorizó a Tudela Veguín a vaciar y utilizar industrialmente una parcela incluida en el Alto de Aboño. El terreno, anteriormente protegido por la ley de Costas, pero actualmente desafectado para uso industrial, será utilizado para ampliar la superficie de explotación de las canteras mediante voladura, según recoge el proyecto.

En octubre de 2008, el Ayuntamiento de Carreño solicitó a Tudela Veguín que realizase la tramitación ambiental del desmonte, previo a la petición de licencia. La cementera accedió a realizar el estudio ambiental para explanar una sexta parte del monte. Es ahí donde radica la diferencia con la explanación pretendida por El Musel, que, a pesar de ser cinco veces mayor, se ha saltado la tramitación ambiental con el beneplácito del Principado y el Estado. Y eso es lo que Carreño le reclama en los tribunales.

No obstante, la concesión de licencia no ha sentado bien en las dos fuerzas políticas que se opusieron a ello, UICA y UNA. Según los independientes, «la concesión de licencia por parte de PSOE, IU y PP va a condicionar necesariamente las resoluciones judiciales y administrativas pendientes sobre la zona, y pone en evidencia la mentira que estos grupos transmiten al pueblo de Carreño cuando dicen defender el Alto de Aboño». Para Ramón Artime, portavoz de UICA, esta concesión de licencia es un «contrasentido», ya que no se puede compatibilizar «la defensa en los tribunales de justicia de un enclave, argumentando motivos medioambientales y paisajísticos, al tiempo que se concede licencia a una empresa privada para que acabe con parte del mismo».

La explanación que plantea la cementera, que es propietaria también de buena parte de los terrenos que afectan al desmonte de la Autoridad Portuaria, pretende extraer del suelo carreñense la cantidad de 320.000 metros cúbicos de material, en un área de 44.000 metros cuadrados. Esto significa que las extracciones propuestas por Tudela son el 3 por ciento de las que pretende El Musel. Para extraer ese 3 por ciento entienden las administraciones que es necesario hacer un estudio de impacto ambiental, mientras que Carreño ha tenido que acudir a los tribunales para defender que para el cien por cien también lo es. El Musel trata de extraer de Aboño un total de 10.258.407 metros cúbicos de terreno.