La Generalitat de Cataluña ha colocado 400 millones de euros en deuda pública entre inversores institucionales de diversa condición. Fuentes financieras señalaron que la colocación se ha cerrado con éxito, al contrario de lo que ocurrió a principios de marzo, cuando no pudo llevarse a cabo por falta de demanda. Desde marzo de 2010 no se podía hacer este tipo de emisiones, por lo que, según los analistas, esta operación supone abrir la puerta a la denominada deuda «subsoberana», es decir, deuda pública que emiten las autonomías pero no directamente el Reino de España.

La deuda catalana se colocó a dos años a un tipo de interés elevado, el 5,5%, cuando el bono español a dos años se vendía esta tarde al 2,99 por ciento en el mercado secundario y, si bien el diferencial es alto, supone la apertura de los mercados de deuda pública para la Generalitat catalana.

El objetivo inicial era colocar 500 millones en bonos y la cifra mínima establecida era de 300 millones, con lo que al final haber colocado 400 millones se considera un éxito.

El 46% de los compradores han sido bancos y el 69% de los inversores que han adquirido los títulos son españoles, mientras que de los inversores extranjeros la mayoría son escandinavos (12,5%) y alemanes (12,1%).

Esta emisión de deuda ha recibido una calificación elevada (A/A+/A3) por las agencias calificadoras Fitch, Standard&Poors y Moodys, respectivamente, según las fuentes financieras consultadas.

Precisamente ayer la Generalitat de Cataluña anunció la firma entre el departamento de Economía y el Banco Santander de un préstamo de 400 millones de euros a largo plazo, amortizable a cuatro años, que le servirá para atender sus necesidades financieras.

Con esta operación, el Gobierno catalán, que encabeza Artur Mas, hace uso de la autorización para endeudarse en 1.866 millones de euros, otorgada por el Gobierno central después de la presentación del plan de reequilibrio económico y financiero.

Este es el segundo préstamo con una entidad bancaria que cierra el nuevo Gobierno catalán, tras el que suscribió hace unos días con Catalunya Caixa, por un montante de 500 millones de euros. Pero como esta cantidad se suscribió a corto plazo y para tesorería, no computa en la autorización del Ejecutivo central.