Madrid

El «contrato de integración» para inmigrantes propuesto por el Partido Popular no ha gustado ni al Gobierno, que ve en él «humo con tufo de xenofobia», ni a algunas organizaciones de extranjeros, que han tildado la medida de «excluyente», «racista» y «electoralista», informa «Efe».

El presidente Zapatero lo tachó de «absolutamente superfluo» y vacío de contenido ya que el contrato de los inmigrantes, como el de todos los ciudadanos, es «cumplir las leyes». Anoche, el jefe del Gobierno pidió disculpas a los trabajadores extranjeros por «las ofensas discriminatorias del PP».

Más duras han sido las críticas del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha definido las propuestas de inmigración de Rajoy de «humo con un tufo de xenofobia», en consonancia, ha dicho, con el desplazamiento del PP hacia la derecha durante la legislatura y especialmente en los últimos meses.

«¿Quién va a establecer el catálogo de buenas costumbres, cuáles son, las de Rajoy o las mías, las del señor Rouco o las de los agnósticos, las de los padres o las de los hijos?», se ha preguntado Rubalcaba, quien ha insistido en que a los extranjeros en España se les aplican las mismas leyes y derechos que a los españoles.

«Anticonstitucional», «xenófoba» y «homologable a la extrema derecha centroeuropea» han sido los adjetivos utilizados por el líder de IU, Gaspar Llamazares, para referirse a la propuesta del PP, un contrato, a su juicio, «leonino» con «cláusulas abusivas y basadas en el miedo, la desconfianza y la uniformidad».

Mariano Rajoy afirmó anoche que se trata de una solución que «existe en varios países de la UE» y ha «funcionado bien» y que pretende tratar «uno de los asuntos más importantes» de la sociedad, como es la inmigración, que en esta legislatura «no se ha tratado con rigor».

El PP añadió que el contrato se inspira en medidas ya puestas en marcha en Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido. En concreto Francia lo tiene muy en cuenta a la hora de conceder o denegar permisos. A través de ese contrato, el Estado fomenta la formación lingüística en francés y la relativa a los valores de la sociedad francesa, mientras que el inmigrante se compromete a «seguir los módulos propuestos de formación cívica y lingüística». Según añade, Bélgica tiene un modelo bastante similar al francés.

También destaca que Holanda «impone un examen previo de integración», no sólo para los que llegan, sino también para los ya residentes. Ese examen, agrega, se refiere a conocimiento de la lengua y a las costumbres y valores holandeses, de forma que quien no lo supera no puede acceder a un permiso.

Igualmente, indica que Reino Unido ya puso en marcha a finales de 2005 el examen «Vida en el Reino Unido», obligatorio en los procesos de concesión de la nacionalidad británica, por el que se debe acertar en un 75 por ciento de las respuestas.

El ex ministro Miguel Arias Cañete dijo, por su parte, que los españoles tienen «derecho» a pedir a los inmigrantes que se integren y, si no lo logran, que vuelvan «voluntariamente» a sus países. Cañete afirmó además que los trabajadores extranjeros cuando llegan a España se «acostumbran» a que la sanidad es gratuita y «colapsan» las urgencias. Tras insistir en que los inmigrantes han sido «útiles» para el desarrollo de la economía, ha recordado que el 48 por ciento de empleos que se han creado en esta legislatura los han ocupado trabajadores extranjeros, la mayoría, ha dicho, personas poco cualificadas, poco formadas y con salarios muy bajos.

El dirigente popular bromeó al respecto diciendo que ya es difícil encontrar un camarero como los de «antes» al que le encargues una larga comanda y sea capaz de memorizarla.

La propuesta del PP ha sido criticada por diversas asociaciones de inmigrantes que la tildan de «racista» y «excluyente». Entre ellas están la Federación Nacional de Ecuatorianos en España, que habla de «criterios que sólo se desarrollarían en la Alemania nazi»; la Coordinadora de Ecuatorianos en España; la Federación de Asociaciones de SOS Racismo, o la Asociación de inmigrantes Rumiñahui, para la que se trata de medidas «excluyentes y reduccionistas».

Otras, como la Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos, la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en la Comunidad de Madrid o la Asociación Pueblos del Ecuador en Madrid han valorado la propuesta y han invitado a los inmigrantes a analizarla «en profundidad».