R. VALLE
Gerardo Herrero, en su calidad de fiscal superior de Asturias, se ha encargado de notificar al Partido Popular de Gijón la decisión de la fiscalía de archivar las diligencias de investigación abiertas con motivo de la denuncia del edil Manuel Pecharromán sobre un posible delito contra el patrimonio histórico español cometido en las excavaciones arqueológicas de la gijonesa Campa Torres. Esa denuncia tiene que ver con el estado de deterioro presentado por el material hallado en marzo del año 2009 -hallazgo del que se tuvo conocimiento público un año más tarde-, cuando una reordenación del Museo de la Campa Torres dejó al descubierto la existencia de un sótano oculto tras un armario con más de 20.000 piezas arqueológicas repartidas entre más de 300 cajas. Un informe posterior, encargado por el Ayuntamiento, dejó claras las deficientes condiciones de conservación de las piezas, que en muchos casos estaban inventariadas en papel higiénico.
Sin embargo, nunca una derrota ha sido tan bien acogida por el perdedor. Y es que en las consideraciones para su decisión, que firman el fiscal superior junto al fiscal instructor, Joaquín de la Riva, queda claro que las diligencias se archivan porque el supuesto delito estaría prescrito desde el año 2003, pero se establece que «de la abundante documentación remitida a la fiscalía se desprende, sin ningún género de dudas, que el lugar donde se encontraron en el mes de marzo de 2009 los materiales arqueológicos no revestía las condiciones de humedad y temperatura necesarias para su conservación adecuada. Ello ha supuesto un deterioro innegable de dicho material, especialmente de parte de la información científica que los acompañaba, y evidencia una incuria (poco cuidado/negligencia) y falta de control. Los hechos denunciados revisten caracteres, efectivamente, de un delito contra el patrimonio histórico del artículo 324 del Código Penal».
«Se archivan las diligencias, pero se da la razón al PP al confirmar y corroborar que hubo un delito muy grave contra el patrimonio español», sentenció ayer el edil popular Pecharromán, que, cerrado el camino judicial, volvió a exigir responsabilidades políticas y, más en concreto, la dimisión o cese de la ex concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón y actual consejera de la misma área en el Principado, Mercedes Álvarez. En el paquete de responsables también se incluye al actual edil, Justo Vilabrille, «como cómplice de esta tropelía». «Las responsabilidades penales estarán prescritas, pero no hay prescripción que valga para las políticas. No sólo han defendido hasta la extenuación al director de las excavaciones de la Campa, sino que le premiaron con la dirección del Museo de Grandas de Salime», indicó el edil en referencia a Francisco Cuesta.
La polémica sobre las excavaciones de la Campa saltó a la luz pública en abril, cuando se tuvo constancia de que se habían encontrado más de 300 cajas «olvidadas» con material arqueológico en un búnker de la vieja instalación militar de la zona. El hallazgo se correspondía con el resultado de diferentes campañas de excavación realizadas entre los años 1977 y 2000. Los actuales responsables del museo y la administración gijonesa y autonómica aseguraron no estar al tanto de esa ubicación, al tiempo que la responsabilidad se derivaba hacia los directores de las excavaciones: el ya fallecido José Luis Maya y el actual director del Etnográfico de Grandas, Francisco Cuesta.
En la notificación de la fiscalía se mantiene que la decisión de guardar en aquel búnker las piezas fue de los directores de la excavación, ya que no se acredita en ningún documento que lo hubieran notificado a los organismos pertinentes, y que esa imprudencia grave debe ser el origen del posible delito. Ya que las excavaciones terminaron en el 2000 y este tipo de delitos prescribe a los tres años, cualquier opción de responsabilidad penal quedó anulada siete años antes de la denuncia del PP.
