La intervención del Puerto en las negociaciones para conseguir canteras en una obra adjudicada a riesgo y ventura del contratista es una de las cuestiones que ha llamado la atención a la OLAF, cuyo informe alude a supuestas connivencias entre el contratista, Dique Torres, y la Autoridad Portuaria de Gijón.
Además de suscribir el acuerdo sobre la explotación de la cantera de Aboño con los copropietarios de la misma y Dique Torres, un representante de la Autoridad Portuaria también rubricó el acuerdo alcanzado entre propietario y contratista para la explotación de la cantera de Peña María. De esta y de otra cantera de Carreño Dique Torres obtuvo el 75% de los materiales de cantera que usó en la obra sin más contraprestación económica que los costes de extracción, que fueron de 7,7 millones de euros, mientras por otra parte exigía sobrecostes multimillonarios. La obra de ampliación, adjudicada en 499 millones de euros, se liquidó abonando otros 124 de sobrecostes (y 85 de actualización de precios) a Dique Torres, que además reclama ahora judicialmente 301 millones de euros de sobrecostes adicionales.
El informe de la OLAF, al parecer, no entra a valorar otra de las actuaciones de la Autoridad Portuaria de Gijón para obtener materiales para la obra. Se trata de la expropiación de 32,4 hectáreas en el Alto de Aboño, separados de la explanada portuaria de la zona por la ría de Aboño. El objetivo era obtener 10,26 millones de metros cúbicos de materiales desmontando 61 metros de altura de los terrenos, situados a 4 kilómetros por carretera de la obra. Las estimaciones son que en su subsuelo hay 3,59 millones de m3 de suelos aptos como material de relleno y 6,67 millones de m3 de roca caliza, cuya extracción requiere el uso de explosivos.
Los gestores portuarios llevaron su propuesta para el Alto de Aboño al consejo de administración del 16 de mayo de 2005. Alli se aprobó modificar el plan de uso de espacios portuarios e incluir en zona de El Musel las 32,4 hectáreas a expropiar.
La tramitación administrativa concluyó con la publicación en el BOE del 12 de febrero de 2008 del nuevo plan. El 2 de junio de 2009, el Puerto remitía al Jurado de Expropiación una solicitud para que resolviera "en el plazo más breve posible" los expedientes expropiatorios con el objetivo de utilizar los materiales del desmonte (que calculaba en 11 millones de m3) como relleno de la obra de ampliación de El Musel. El relleno de los nuevos muelles requería 30 millones de metros cúbicos, de ellos 20 procedentes del dragado de arena y 10 de aportación terrestre.
La Autoridad Portuaria justificaba las expropiaciones al ser el Alto de Aboño la única posibilidad que tenía de expansión en la zona de servicio portuaria. Serían 32,4 hectáreas añadidas a las 145 que se estaban construyendo con los nuevos muelles.
El plan lo descalabró el Ayuntamiento de Carreño, que recurrió ante los tribunales por el daño medioambiental. Ganó en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.
No se llegó a extraer ninguna tonelada de relleno aunque no fue hasta octubre de 2010, con la obra casi acabada, cuando el Supremo prohibió sacar material, medida cautelar que la Audiencia Nacional no había concedido. Ahora, el Puerto estudia con el Ayuntamiento de Carreño convertir en un parque la que iba a ser su zona estratégica de crecimiento. Mientras, varios de los expropiados reclaman en el Tribunal Supremo más dinero alegando derechos mineros por la cantera que no se llegó a abrir. Hasta ahora, al Puerto la operación le costó 6 millones de euros.
