Oviedo, L. MUÑIZ / Agencias

Francia vivió ayer una jornada convulsa. El presidente, Nicolas Sarkozy, encajó la quinta huelga general contra el retraso de la edad de jubilación. Sin embargo, éste sólo es uno de los frentes desde los que se ve acosado su Gobierno que tiene dos secuestros de ciudadanos franceses sobre la mesa y una crisis con la UE por las deportaciones de gitanos. Por si esto fuera poco, la Policía ha constatado un serio repunte de la amenaza terrorista, que «es real», según las autoridades.

Mientras un millón de personas -según el Gobierno- y tres -según los sindicatos- salían a la calle a protestar por el retraso de la edad de jubilación (de los 60 a los 62 años), Sarkozy se reunía con el «núcleo duro» de su gabinete y con los jefes de las fuerzas de seguridad del Estado para abordar el secuestro de cinco franceses en Níger reivindicado por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

La rama magrebí de la red terrorista confirmó ayer mismo que tiene en su poder a los siete trabajadores de la empresa nuclear Areva -cinco de ellos franceses- y recomendó a París que no cometa ninguna «estupidez», es decir, que no intente rescatarlos por la fuerza, tal como hizo el pasado julio, cuando lanzó una operación con el apoyo de Mauritania para intentar liberar al rehén Michel Germaneau, al que AQMI asesinó después.

Por fortuna para Sarkozy, los sindicatos no lograron ayer paralizar Francia con su segunda convocatoria de huelga general de este mes, Sin embargo, las más de 220 manifestaciones que se celebraron en todo el país lograron concentrar a más de tres millones de franceses, más que en la huelga general del pasado día 7, según las centrales.

El Gobierno redujo esa cifra a menos de un millón de manifestantes, por debajo de los 1,12 millones que admitió que habían participado en las protestas del 7 de septiembre y que supusieron la mayor movilización de los últimos ocho años.

En los últimos días, los líderes sindicales habían enfriado las expectativas de participación en la huelga, temerosos de que la fatiga de los trabajadores y la percepción de que la reforma es irreversible pesara sobre su capacidad de movilización. Pero con las cifras recuperaron la euforia y elevaron el tono amenazante: si no hay rectificación, la presión de la calle seguirá.

Para el Elíseo, la huelga registró una «bajada sensible» que sólo se puede explicar por la creciente «adhesión» a una reforma que el Gobierno juzga necesaria para garantizar la supervivencia del sistema.

El proyecto del Ejecutivo ya superó el primer trámite, el de la aprobación por los diputados, que tuvo lugar el pasado día 15. Los senadores comenzarán a revisarlo el próximo día 5, un trámite en el que los sindicatos esperan que se produzca la rectificación. «Ningún Gobierno puede permanecer sordo a este clamor», aseguró el líder del sindicato FO, Jean-Claude Mailly. Su propuesta es dejar las manifestaciones masivas y paralizar las empresas públicas, en particular las de transportes, durante varios días, una fórmula que ya fue empleada en 1995.

Las consecuencias de la huelga general en Francia llegaron también a España, donde 318 vuelos fueron cancelados entre aeropuertos españoles y del resto de Europa. Según AENA, 83 de ellos, 38 operaciones de llegada y 45 de salida, eran enlaces con aeropuertos franceses. Los otros 235 corresponden a rutas con diversos países europeos que se vieron afectadas por las restricciones en el espacio aéreo galo.