El «caso L'Oréal», que ya en 2007 trajo de cabeza al presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha vuelto a salpicar al inquilino del Elíseo, después de que la juez que entonces instruía el sumario haya asegurado, en un libro que se publicará hoy, que el mandatario recibió dinero negro para financiar su campaña electoral.
El caso, que llevó ante los tribunales a la multimillonaria francesa Liliane Bettencourt, máxima accionista de L'Oréal, fue arrebatado a la juez Isabelle Prévost-Desprez en otoño de 2010, cuando el tribunal correccional de Burdeos lo asumió, una decisión que la magistrada atribuye al intento de desposeerla del sumario «por todos los medios».
La juez denuncia en el libro «Sarko me mató», escrito por dos periodistas de «Le Monde», que un testigo del caso relacionado con la máxima accionista de L'Oréal vio a Sarkozy recibir sobres con dinero en efectivo de parte de la anciana.
El dato es importante porque posteriormente se investigó si el Gobierno de Sarkozy dio un trato fiscal de favor a Bettencourt. Prévost-Desprez asegura en sus declaraciones que los testigos, una enfermera y una contable de la heredera de L'Oréal, tienen «miedo a hablar».
El «caso Bettencourt» estalló en 2009, cuando, a partir de un cisma familiar sobre el reparto de la herencia entre la anciana y su hija, salieron a la luz más de 20.00 horas de grabaciones secretas registradas por el mayordomo de la heredera de L'Oréal. El asunto se convirtió rápidamente en un escándalo con ramificaciones político-financieras que salpicaron al entonces ministro de Presupuesto, Eric Woerth, y a la propia Liliane Bettencourt, por evasión fiscal.
A Woerth terminó por costarle su puesto en el Gobierno después de que media docena de investigaciones apuntasen a un presunto trato fiscal ventajoso para la multimillonaria francesa, cuya fortuna gestionaba, entre otros, la propia esposa del ministro.
Se da la circunstancia de que la multimillonaria, a quien Hacienda había reclamado inicialmente 30 millones de euros por evasión fiscal y sobre quien se sospecha que ocultó la posesión de una isla entera en las Seychelles, es una de las personas que pidieron recientemente la creación de un impuesto especial para los ricos, para ayudar al país a salir de la crisis.
Las revelaciones de la juez han vuelto a disparar las críticas de la oposición contra Sarkozy, empezando por la candidata a las primarias del Partido Socialista francés Martine Aubry, quien ayer pidió una nueva investigación sobre el caso. Mientras, el también candidato a las primarias François Hollande declaró en la Asamblea Nacional que hay «demasiada presión» del Elíseo sobre la justicia.
Por su parte, el primer ministro francés, François Fillon, consideró las acusaciones sobre la implicación del presidente en el «caso Bettencourt» «una manipulación que sólo puede explicarse por estar inmersos en período preelectoral». Fillon deploró que la información haya sido recogida por los medios «sin una acusación que la respalde» y expresó su deseo de que «acaben pronto con tales manipulaciones».
