Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

Suprimir la dedicación exclusiva obligatoria de los médicos, adelgazar la estructura de la Consejería de Sanidad, optimizar los sistemas informáticos y de compras, potenciar la facturación a terceros (compañías aseguradoras, otras comunidades autónomas...) y reducir la actividad que se deriva a centros concertados.

Éstas son algunas de las propuestas incluidas en el «pacto por la sostenibilidad» de la sanidad pública asturiana presentado y remitido ayer mismo por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) al Gobierno regional. La organización médica sostiene que su plan implicaría un ahorro anual para la Administración sanitaria de 23,7 millones de euros, al que habría que sumar el de dos epígrafes más de repercusiones económicas no cuantificadas.

«Es más dinero que el que la Consejería se había propuesto recortar», subrayó Antonio Matador, secretario general de la organización médica, en alusión a la pretensión de la Administración sanitaria de restringir entre 13 y 17 millones el gasto en el capítulo de personal con una serie de medidas que han sumido al sector sanitario en un conflicto de dimensiones y consecuencias más que notables. Matador enfatizó que el planteamiento del Sindicato Médico se apoya sobre tres piedras angulares: «Garantiza el mantenimiento de la calidad asistencial, respeta el empleo y no modifica sustancialmente las condiciones laborales de los profesionales».

Los responsables del SIMPA se ofrecieron a comenzar de inmediato a negociar el documento con el Principado, para de este modo «evitar la nueva fase de la huelga prevista para el próximo martes». Sin embargo, en tanto no obtengan de la Administración un gesto satisfactorio, persisten en su negativa a desactivar los paros que tiene convocados para doce días de noviembre (además de este martes, todos los lunes, miércoles y viernes). A este calendario habrá que sumarle -si nadie lo remedia- el previsto por los sindicatos Comisiones Obreras, SATSE, USAE y Sicepa-Usipa, cuyas fechas aún no han sido concretadas.

El Sindicato Médico excluye de su documento, como era previsible, todos aquellos aspectos incluidos en la nueva regulación de la jornada laboral que han conducido a la movilización y a la huelga a todos los sindicatos sanitarios, con la única excepción de UGT.

La ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales -decretada por el Ejecutivo central- la sustancian adosando media hora diaria a lo que hasta el momento venía siendo el horario ordinario. De esta manera, la jornada matutina se desarrollaría -con carácter general- de ocho de la mañana a tres y media de la tarde, y la vespertina de dos y media de la tarde a diez de la noche. Este añadido reduce media hora la duración de las guardias, y es de ahí de donde el SIMPA estima que puede lograrse un ahorro de 620.000 euros anuales.

La propuesta de los facultativos preserva la libranza de las mañanas posteriores a las guardias nocturnas y también los módulos de actividad vespertina de los médicos mayores de 55 años que hasta la fecha podían acogerse a la exención de guardias de noche. Se trata de dos caballos de batalla que el SIMPA siempre ha considerado irrenunciables. Según estimaciones del Colegio de Médicos y de la propia central sindical, la medida referida a los mayores de 55 años les acarrea pérdidas anuales de hasta 9.000 euros (aunque siempre tendrían la opción de volver a solicitar la realización de trabajo nocturno). Entre tanto, la erradicación de la libranza subsiguiente a la guardia supondría -siempre según las citadas fuentes- añadir 253 horas anuales a las derivadas de aumentar el horario en 2,5 horas semanales.

En su nueva oferta, el SIMPA vuelve sobre el controvertido asunto de la dedicación exclusiva obligatoria de los médicos de la sanidad pública asturiana. Hoy por hoy, Asturias es la única comunidad autónoma en la que los facultativos del sistema público no pueden ejercer también en el privado. Según datos de la Consejería de Sanidad, son unos 150 profesionales -sobre un total aproximado de 3.200- los que actualmente pueden compaginar ambos regímenes debido a que ya estaban en la plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa) cuando la controvertida regulación entró en vigor, el 1 de enero de 2003.

El Sindicato Médico se muestra realista, dada la situación económica, a la hora de pronosticar la cifra de facultativos que se decidirían a probar suerte en el sector privado. Estima que podrían ser alrededor de un centenar. Dado que deberían renunciar al complemento salarial que perciben a cambio de su dedicación exclusiva -11.054 euros anuales-, el Principado se ahorraría 1,10 millones de euros.

La propuesta del SIMPA habla, asimismo, de «optimizar los programas especiales de reducción de demora», las coloquialmente conocidas como «peonadas» de las tardes. En la nueva regulación de la Consejería de Sanidad desaparecen, aunque se admite que pueden pervivir en algunos casos de forma excepcional. Los responsables del Sindicato Médico argumentaron que la Administración sanitaria debería recurrir con mayor frecuencia a la «autocontratación». Dicho de otro modo: «Utilizar los recursos propios de la sanidad pública en jornada vespertina en servicios en los que es necesario porque presentan un desbordamiento crónico».

Según el SIMPA, esta alternativa es factible «a un precio razonable». Un ejemplo: «Una resonancia magnética en la sanidad privada cuesta 110 euros, un precio por el que en la pública se harían tres resonancias». La organización médica sostiene que los recursos propios «son mucho más económicos que las derivaciones a la sanidad privada». Y para rematar el epígrafe de las peonadas, los responsables del SIMPA pidieron que la nueva estructura de las mismas «sea negociada en mesas técnicas y en comités de expertos».