Oviedo, Idoya RONZÓN

La juez de Gijón Rosario Fernández Hevia, expedientada por acumular sentencias sin dictar de forma injustificada, ha sido expulsada de la carrera judicial durante cinco meses y obligada a pagar una multa de 400 euros por decisión del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata del primer magistrado asturiano sancionado por acumular y retrasar sentencias. La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, explicó que para la sanción -por una falta muy grave y otra grave- se han tenido en cuenta «las especiales circunstancias médicas que afectan» a la juez, que «aminoran su responsabilidad» en los retrasos.

La sanción, al no superar los seis meses de suspensión, no conlleva pérdida de destino. La multa se justifica por hacer caso omiso a los sucesivos requerimientos del Poder Judicial para que explicara el porqué de su actuación. En el momento en que se le abrió el expediente, Hevia arrastraba una bolsa de 148 asuntos -además del trabajo habitual de su Juzgado- que el CGPJ consideraba que, por su antigüedad, deberían haber sido sentenciados ya hacía meses o incluso años. Entre ellos había varios casos de violencia de género, que requieren especial urgencia. Gabriela Bravo anunció que el Poder Judicial tiene previsto discutir medidas para afrontar la situación de los Juzgados que sufran retrasos «u otro tipo de problemas» como consecuencia «del delicado estado de salud de sus titulares», que debido a esta situación «pueden sufrir una mengua importante» en su capacidad de trabajo.

Fue el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el que dio traslado de la situación al Consejo General del Poder Judicial tras la denuncia de un particular, que expresó su queja por el «excesivo retraso» en la redacción de la sentencia de un juicio en el que él se había personado como acusación particular, en el mes de mayo de 2005. La sanción del CGPJ llega tras el expediente instruido por el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, presiente de la Sala de lo contencioso-administrativo de Valladolid, a quien también «plantó» la magistrada en alguna ocasión, según apuntaron las mismas fuentes. En enero pasado, la comisión acordó ampliar el plazo para la instrucción del expediente, después de que Fonseca-Herrero lo solicitase, ya que se esperaba que, en ese tiempo de más, la magistrada se pusiera al día en su trabajo y la sanción pudiera quedar reducida al mínimo.

El CGPJ sanciona a la juez por una falta muy grave por acumular sentencias sin dictar de forma injustificada.

Una falta grave

Además, le impone el pago de 400 euros por una falta grave por hacer caso omiso a los diversos requerimientos que se le hicieron para que explicase el porqué de la situación.

Circunstancias médicas

El CGPJ afirma que las «circunstancias médicas» de la juez -que no aclaró- «aminoran su responsabilidad en los retrasos detectados».