Una norma que será "un sello de calidad" para la región y que afectará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, además de a las entidades que reciban subvenciones superiores a 50.000 euros, que estarán obligados a hacer pública información sobre su funcionamiento y gestión. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, expuso estos argumentos para defender el máximo consenso para sacar adelante en la Junta la Ley de Transparencia, que se enmarca dentro del compromiso del Gobierno de Javier Fernández de impulsar la regeneración democrática, según destacó el consejero.
Martínez hizo hincapié en que los ciudadanos podrán conocer el número y retribuciones de los empleados públicos, los contratos de alta dirección y la evolución de la deuda de la Administración autonómica estará a disposición de la ciudadanía. Además, señaló que la norma prevé promover consultas ciudadanas para conocer el grado de satisfacción con las políticas del Gobierno asturiano, la elaboración de un Plan Estratégico de Transparencia y la creación de un "distintivo de transparencia" para premiar las buenas prácticas de las entidades.
Respecto al papel del Consejo Consultivo, cuestionado por la oposición, Martínez defendió su independencia a la hora de velar por el cumplimiento de la normativa.
