El sumario del "caso Hulla" sigue engordando. Tras un parón de varios meses, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reavivado las investigaciones. Entre las declaraciones más destacadas de las últimas semanas está la del exjefe de la oficina técnica de Alcedo de los Caballero, la empresa constructora del geriátrico de Felechosa, quien admitió que se habían aumentado los precios a petición del Montepío porque "había una subvención concedida por un importe determinado y había que llegar al mismo". Víctor Fernández Valdeormillos también indicó que el gerente de Alcedo, Juan Antonio Fernández, le indicó que "había pactado una provisión de fondos con Postigo (...) y que había que aumentar la certificación en una determinada cantidad".
Según el testimonio del técnico, el complejo costó realmente "entre 20 o 22 millones", lo que hace una diferencia de diez respecto a la subvención de 31 que recibió el Montepío para llevar a cabo el proyecto. Los agentes de la UCO tienen un manuscrito de la responsable de administración de Alcedo, Estefanía Rodríguez, en el que el coste se reduce aún más, hasta 18,5 millones.
La UCO también se está centrando en el proceso por el que el geriátrico llegó a construirse en Felechosa. A la vista de los interrogatorios, la UCO está buscando pruebas de posible prevaricación por parte del anterior Alcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, quien, según los testigos y los documentos aportados a la causa, dio de paso la licencia de obra del geriátrico del Montepío -avocándose las competencias de la Junta de Gobierno Local-, pese al dictamen desfavorable de los técnicos y antes de que se modificase el plan general para que se pudiese construir en la finca, que era de uso agropecuario. Antes incluso de que el Instituto para Reestructuración de la Minería (IRMC) aprobase las suculentas subvenciones al proyecto.
"¿Tiene conocimiento de que alguna de las personas relacionadas con la obra de Felechosa ofreciera alguna cantidad determinada de dinero a algún miembros de la corporación municipal con el fin de hacer la vista gorda en relación a las irregularidades urbanísticas de la obra?". La pregunta, dura, directa, se repite a lo largo de las declaraciones tanto del actual alcalde, David Moreno, como la secretaria municipal, el arquitecto u otros funcionarios del Ayuntamiento allerano, uno de los cuales llega a admitir que hubo algo raro en el hecho de que se tardase dos años -de 2009 a 2011- en tramitar un expediente contra Alcedo por empezar las obras sin licencia, sugiriendo que ese retraso buscaba impedir que se le impusiese una sanción grave. Al final quedó en leve y le salió barata a la empresa: 6.000 euros.
La exconcejala de Medio Ambiente de Aller María Esther Martínez explicó la génesis del proyecto. En una comida con José Antonio Postigo, gerente del Montepío, que tuvo lugar en Felechosa en 2007, éste le contó que tenía un proyecto de geriátrico. Se lo rifaban Mieres, Riosa y Lena, pero ella le propuso que fuese en Aller, en la finca "Las Pedrosas", que luego visitó con Pérez Villalta.
El arquitecto Benjamín Gras admitió que había presentado una oferta al concurso para la dirección técnica del proyecto del geriátrico, y que ésta había sido conscientemente más cara que la que resultó ganadora. El favor se lo pidió Mariana Borissova y no le dio más vueltas, puesto que era "normal" que algún compañero le pidiese que concurriese a los concursos con ofertas más altas para garantizarse el contrato.
La secretaria municipal de Aller, María del Carmen Bernardo, explicó que había informado negativamente sobre la cesión de los terrenos de "Las Pedrosas" al Montepío, "al no cumplir la condición de ser entidad pública". A pesar de ello, el Pleno aprobó la cesión de los terrenos por unanimidad. La secretaria municipal dijo desconocer por qué la obra no había sido paralizada cuando se descubrió que habían comenzado los trabajos sin la pertinente licencia. Y tampoco dijo saber el motivo por el que en la solicitud de licencia figura un coste de diez millones para el geriátrico, cuando en realidad costó treinta y uno. Otro funcionario interrogado por los agentes lo aclararía: así se pagaban menos impuestos.
La finca del geriátrico tiene su historia, según explicó a los agentes el actual Alcalde de Aller, David Moreno, que en aquella época era concejal de Urbanismo, pero no supo de la misa la media. Al parecer, "Las Pedrosas" era propiedad del Ayuntamiento de Mieres, pero éste la tasó por debajo de precio de mercado para que no fuese muy onerosa para el Ayuntamiento de Aller y cederla al menor coste al Montepío. Moreno dijo desconocer el motivo por que el secretario municipal Miguel Ángel Rodríguez Calvo informó en contra de la concesión de la licencia de obras el 5 de mayo de 2009, y luego elaboró un dictamen diametralmente opuesto dos días después. El regidor allerano negó presiones de Postigo o Villa para hacer la vista gorda respecto a las irregularidades urbanísticas, aunque si admitió que "las formas de Postigo no eran las más correctas cuando las cosas no iban como él quería, pero el Ayuntamiento no lo dirigía el Montepío y se trataba a todo el mundo igual". Eso sí admitió que la autorización de la licencia de obras para el Montepío, realizada por el propio alcalde Villalta, sin consultar a la Junta de Gobierno, se hizo en un momento raro, en mayo, cuando esa práctica era más propia del verano.
