Padres de media España han recurrido a un despacho de abogados de Oviedo para presentar la primera demanda colectiva contra una residencia de estudiantes de Salamanca. El propietario se niega a devolver a las familias el dinero correspondiente a los meses de junio y mitad de marzo, así como la fianza que tuvieron que depositar a principios de curso. La Junta de Castilla y León emitió una orden en marzo, obligando a desalojar las residencias, por lo que los estudiantes llevan ya tres meses en sus casas. A pesar de la pandemia, el dueño de los apartamentos entiende que él no incumplió el contrato y que no tiene por qué asumir los daños económicos de la pandemia, según explican los abogados Gonzalo López y Susana Hernández, que defienden a los alumnos, algunos de ellos asturianos.
De media, cada residente ha perdido 1.500 euros, una cifra no muy alta a nivel individual, pero sí a nivel colectivo. De momento, son 77 los padres que se han unido para demandar a la residencia, lo que suma un total de 115.500 euros. "Es bastante dinero el que está reteniendo el empresario", dicen los abogados del despacho ovetense. A todo ello se suma que el propietario de la residencia tampoco quiere devolver a las familias los objetos personales de los estudiantes, que abandonaron las instalaciones sin saber que el estado de alarma se iba a prolongar tanto tiempo. En sus habitaciones han dejado ropa, ordenadores, libros... Con la entrada de la nueva normalidad, la pasada semana algunos padres viajaron a Salamanca con la intención de recuperar las pertenencias de sus hijos sin ningún éxito. Incluso se tuvo que personar allí la Policía, dada la negativa del empresario a abrirles las puertas.
"Solo les dejaba entrar si firmaban un documento en el que los afectados renunciasen a la reclamación del dinero", expresan los abogados Gonzalo López y Susana Hernández. Las familias tuvieron que pagar por adelantado junio, por eso exigen el dinero, así como la fianza. "Realmente ni unos ni otros tienen la culpa de lo que ha pasado, pero hay un decreto de la Junta de Castilla y León que obliga a desalojar las residencias de estudiantes y creemos que no son ellos los que deben asumir las pérdidas", añaden los letrados. Entre los afectados hay familias de Asturias, Cantabria, Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Baleares, País Vasco y Canarias. Esta semana presentarán una demanda para exigir que se les reintegre el dinero perdido y a la vez el despacho de abogados asturiano ha cursado una denuncia por la vía penal al no permitirles a los jóvenes acceder a la residencia para recoger sus objetos personales.
El dueño de la residencia salió en el pasado en varios medios de comunicación, a raíz de que el cocinero Alberto Chicote destapara en su programa "¿Te lo vas a comer? (2018) la mala alimentación que daba a los ancianos de la residencia salmantina que por aquel entonces era de su propiedad. Chicote acudió al centro por la denuncia de la familia de una anciana que había fallecido por deshidratación a las dos semanas de ingresar en la residencia. El popular chef fue recibido con una cacerolada por la directora y los trabajadores. La responsable del centro dimitió posteriormente tras ser denunciada por apropiarse del collar de una anciana fallecida. Esta mujer trabajaba, al menos hasta antes de la llegada del covid-19, en la residencia de estudiantes ahora denunciada.
