La ley que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género

El Instituto Asturiano de la Mujer que dirige Nuria Varela, dispone de servicios especializados en igualdad de oportunidades que dan cobertura a toda la región. Los Centros Asesores de la Mujer prestan información y asesoramiento jurídico gratuito a todas las mujeres residentes en el Principado de Asturias. Asimismo prestan asesoramiento jurídico de forma específica a las víctimas de violencia de género, actuando como responsables del caso y realizando un seguimiento de las medidas puestas en marcha por la Administración para el apoyo, acogida y recuperación integral de las víctimas. Se coordinan con el resto de organismos que intervienen en la atención: Turno de Oficio de Violencia de Género, Servicio Público de Empleo, Servicio Público de Salud, Servicios Sociales y Red Regional de Casas de Acogida.

Ejemplo para el resto de Europa

España es abanderada en Europa de la lucha contra la violencia de género. Buena prueba de ello es la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en el Congreso de los Diputados el 28 de diciembre de 2004. La exposición de motivos de esta ley manifiesta que la violencia de género «se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión». La Ley abarca aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios y penales e implica a siete ministerios (Educación, Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad, Administraciones Públicas y Economía).​

Fue aprobada por unanimidad con todos los votos a favor en el Congreso de Diputados, convirtiéndose en la primera y única ley integral contra la violencia de género en Europa. En 2018 el gobierno de España anunció que sería modificada para adaptarla al Convenio de  Estambul, marco europeo sobre este tema adoptado en 2014.

Las organizaciones de mujeres dieron la voz de alarma

Durante los años 1998 y 1999 las organizaciones de mujeres que trabajaban en el estudio de la violencia de género y en la atención a las víctimas, plantean la necesidad de una Ley Integral contra este tipo violencia. Su planteamiento es que se trata de un problema de Estado y que es necesario afrontarlo con políticas en todos los ámbitos.

El PSOE inició los trabajos de elaboración de una Proposición de Ley integral contra la violencia de género, en la que participaron personas expertas en el ámbito jurídico (penal, civil, procesal, laboral), así como en el sanitario, y educativo, y sobre todo contó con las aportaciones de quienes desde el movimiento de mujeres llevaban años luchando contra la violencia de género.

El Grupo Parlamentario socialista presentó además una proposición no de ley que pedía la creación de una Delegación del Gobierno contra la violencia de género, con rango de Secretaría de Estado. Esta propuesta también fue rechazada.

Una Ley integral que resulta de especial interés

La Ley es de especial interés ya que regula las medidas contra la violencia por Ley Orgánica, lo que significa que convertimos el vivir sin violencia en un derecho de las mujeres que el Estado tiene la obligación de cumplir. Significa que las personas tienen derecho a ser educadas en igualdad, que quienes atenten contra este derecho serán castigados, que las mujeres tienen derecho a su recuperación y a ser acogidas adecuadamente – por lo tanto nunca puede pasar que no puedan acceder a una Casa de Acogida porque no hay plazas, que tienen derecho a las ayudas económicas que regula la ley, por lo tanto nunca puede pasar que se acaban las ayudas porque no hay partida presupuestaria suficiente y que tienen derecho a la atención adecuada y especializadas por parte de policías, jueces o personal sanitario.

Por otra parte, esta propuesta es importante porque es integral, es decir afecta a todos los ámbitos que tienen que ver con la violencia de género, desde la prevención a la protección, a la atención sanitaria, social, laboral... y además hace posible la coordinación judicial.