"El adelanto electoral retrasará las leyes para agilizar la Justicia, espero que no más de 4 meses"

A Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, "Tontxu", el cargo le está dando más de una oportunidad de demostrar lo que el miércoles dijo en Gijón tras encontrarse con los funcionarios en huelga que le esperaban en la Laboral. Que él es vasco, que no le tiene miedo a nada. El Secretario de Estado de Justicia (Baracaldo, 1962) se enfrenta a la "tercera fase", todavía irresuelta, de la protesta encadenada del personal de la administración. El año ha venido fiero, con los paros de los letrados y los funcionarios y el preaviso de jueces y fiscales, y a los que protestaban a las puertas del "Dataforum", el foro gijonés sobre la digitalización de la Justicia, les volvió a explicar que su negociación debe esperar a que pase un adelanto electoral que también ha trastocado sus planes legislativos para agilizar y modernizar el servicio, pero que considera "valiente".

–Geolocalice la posición de la Justicia española en su camino hacia la vanguardia tecnológica. Abundan las quejas, los ordenadores que fallan, los juicios que se suspenden por videoconferencias que no arrancan...

–La Justicia es como un pozo sin fondo. Por mucha inversión que se haga, siempre vamos a oír que es lenta y cara. Pero ahora estamos en un momento que podemos calificar de histórico, tanto por la importancia de los proyectos que hemos iniciado como por los retos a los que debemos enfrentarnos en los próximos años. Es verdad lo que usted señala, pero también que en esta revolución digital España está progresando totalmente alineada con el entorno de la UE y con el apoyo financiero de los fondos europeos.

–Cuando presentó el plan Justicia 2030, en Avilés en 2021, la ministra Llop habló de la urgencia de modernizar un sistema "decimonónico". ¿Cuánto han avanzado y cuánto les queda?

–Esa calificación es cierta. De ahí, por ejemplo, que el Ministerio haya querido mantener en todo el territorio del Estado un sistema de servicios comunes interoperables ente sí. La interacción y transmisión de expedientes y documentos entre todos los tribunales y fiscalías era algo impensable hace tres años y ahora este programa de justicia orientado al dato ha creado un espacio de confianza entre todos los operadores jurídicos. Con actuaciones como ésta, España se ha convertido en un referente en el ámbito de la justicia digital. Somos el séptimo país de la UE con mejor valoración de los servicios públicos digitales.

–Todo ese proyecto necesita un armazón legislativo que el abrupto final de la legislatura va a dejar en el aire. ¿Les trastorna el adelanto electoral?

–Es una pena que se hayan disuelto las Cortes. En un ejemplo de responsabilidad y valentía, el presidente del Gobierno ha convocado las elecciones para julio, pero eso ha hecho también que las tres leyes de eficiencia de la Justicia que estaban en fase de tramitación parlamentaria se hayan quedado sin desarrollar. Estoy seguro de que en la próxima legislatura, y de nuevo con Pedro Sánchez a la cabeza, vamos a poder concluir ese trabajo.

–¿Cuándo?

–Habrá un retraso aproximado de cuatro meses. Calculábamos que las dos primeras leyes, las de eficiencia organizativa y procesal, podrían estar aprobadas en septiembre, y ahora tendrían que estar a comienzos de 2024. Pero supondrán un revolcón muy importante para la justicia española, aunque la expresión no le guste a la Ministra.

–Hablando de figuras decimonónicas, o anteriores, los juzgados de paz. Pretenden sustituirlos por "oficinas judiciales municipales", regidas por funcionarios. ¿Cómo va eso?

–Es uno de los proyectos más importantes de la ley de eficiencia organizativa. En España hay 7.700 jueces de paz y la idea es que un ciudadano pueda hacer cualquier tramitación judicial en cualquier pueblecito pequeño en el que ahora hay un juzgado de paz. Será un salto cualitativo para la Justicia. He visto pruebas piloto y el cambio es fundamental.

–Eso implica mucho trabajo de digitalización de archivos, contratación de personal, formación… Extender eso a todo el país irá para largo.

–No. Si la ley hubiese podido aprobarse en tiempo y forma, en septiembre, el cálculo era que en doce meses tendría que estar hecho. Con esta paralización nos encontraremos pues que el proceso tendrá que empezar con cuatro meses de retraso.

–Pero septiembre debería haber estado dentro de esta legislatura. Entonces el adelanto electoral les trastorna.

–Son proyectos que estaban en vía parlamentaria, como otros muchos. En todo caso, hay que reconocer el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más actuaciones normativas ha desarrollado en la historia democrática de este país.

–¿Avisó el Ministerio de los fallos de la ley del "sólo sí es sí"?

–Cuando se aprobó la ley, ninguno de los doscientos diputados que votaron a favor pensaron que iba a tener los efectos indeseados que ha tenido. Yo creo que es una buena ley, pero ha provocado fallos. Pero el Grupo Socialista se arremangó para resolver el problema y creo que lo hizo. Puso encima de la mesa una solución que se venía demandando y que se aprobó con los votos del PSOE.

–Y con los del PP.

–También. Y ha sido ratificada por la doctrina que ha fijado el Tribunal Supremo y que avala la decisión que en su momento adoptó el Gobierno de reformar el texto legislativo para adecuar las penas a la gravedad contundente de las conductas. El Gobierno tomó la iniciativa para blindar los derechos de las víctimas ante la alarma social que se generó y el Tribunal le ha dado la razón y ha avalado la premura con la que se actuó.

–¿Se han relajado algunos controles previos al legislar?

–No. En lo que corresponde al Ministerio de Justicia, toda la actividad legislativa lleva los informes oportunos.

–La Ministra dijo que se sentía responsable.

–El Presidente pidió perdón y la Ministra también. Un buen político es el que sabe pedir perdón a la sociedad y es de agradecer que se haya puesto de frente y haya pedido esas disculpas.

–Se les ha desencadenado una cadena huelgas que usted llegó a calificar de "políticas". ¿Lo mantiene?

–Eso lo dije en referencia a la primera, la de los letrados de la administración de justicia, no a ésta que mantienen ahora los funcionarios ni al preaviso de jueces y fiscales. En todo este proceso, el Gobierno ha demostrado plena capacidad de diálogo y voluntad de llegar a acuerdos para mejorar la administración de justicia. De hecho, se ha llegado a uno histórico, con mejoras retributivas y ampliaciones de plantillas en la carrera fiscal y judicial que va a repercutir en mejoras del servicio. Eso no se había tocado en más de veinte años.

–Los que protestan ahora son los funcionarios.

–Entramos en una tercera fase. Hemos mantenido con ellos tres reuniones en la confianza de que se podía llegar a un acuerdo con los representantes de una plantilla que, dicho sea de paso, ha tenido un incremento salarial en 2021. Pero el presidente del Gobierno, repito que de forma valiente, decidió disolver las Cortes y convocar elecciones y eso implica que la ley de eficiencia organizativa, a la que estaban vinculadas las nuevas actuaciones con respecto a los funcionarios, decae. Así se lo explicamos. Les dijimos que en el momento en el que existan unas nuevas Cortes retomaríamos las negociaciones, pero parece que no se ha entendido.

–Pues les han puesto una denuncia por no negociar.

–No lo sé. Eso he oído. Hemos tenido tres reuniones y en la última estuvimos nueve horas. Si eso es no negociar...

–¿Por qué se llegó a un acuerdo con jueces y fiscales y se resolvió la huelga de los letrados, pero se les está enquistando la de los funcionarios?

–Con los letrados tuvimos una reunión de más de quince horas, con los jueces y fiscales se han mantenido encuentros diversos y con los funcionarios llevamos tres. No ha sido fácil. Repito que lo que ha sucedido es que la disolución de las Cortes nos pilló en medio de esa negociación. En la última reunión se trasladó el compromiso de retomar el diálogo tras la constitución de los Gobiernos autonómicos y del estatal, pero los representantes sindicales rechazaron esa propuesta, vinculando sus reivindicaciones a una ley de eficiencia organizativa que ahora mismo, por ese adelanto electoral, no existe.

–¿Tenían razón entonces en sus demandas los jueces y fiscales y los letrados?

–Es que los gobiernos de Rajoy, incluso con mayoría absoluta, no hicieron nada por los jueces y fiscales y letrados. Ha tenido que venir un gobierno de izquierdas a solucionar ese descontento y lo haremos también con los funcionarios.

–¿Van a desaparecer juzgados en Asturias?

–Al contrario. Dentro de las nuevas setenta unidades judiciales previstas para este año vamos a crear un nuevo juzgado de primera instancia en Oviedo.

–Si el PSOE está en la oposición, ¿facilitará la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

–Es una pregunta recurente, porque tiene que serlo, porque el PP lleva más de 1.700 días incumpliendo la Constitución y eso está causando un grave daño a nuestra reputación como país. El PSOE no va a estar en la oposición, pero cuando ha estado ahí y ha tocado renovar el organismo, siempre ha votado a favor y ha apoyado al Gobierno del PP. ¿Por qué ahora el PP no quiere? Eso se lo dejo en interrogantes.

–Quieren que "los jueces elijan a los jueces", dicen.

–Primero el PP debe avenirse a reformarlo de acuerdo con el modelo actual. Nos lo ha dicho Europa. Renueven ahora el consejo tal y como marca la Constitución y después promuevan las reformas necesarias para elegir un nuevo consejo. Pero renueven el actual.

–¿No va siendo hora de despolitizar la Justicia?

–Pregúntele al PP si quiere. Le recuerdo dos tuits, el de "yo hablo con la fiscalía y te lo afino" y el de "tengo controlado al presidente de la sala del Supremo". ¿Eso es querer despolitizar la justicia? Los más de 5.000 jueces que todas las mañanas levantan la persiana de su juzgado no piensan en política. Son absolutamente independientes y deben seguir siendo.

–¿Qué opina del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática?

–Es una decisión del Ministerio Fiscal y este Gobierno respeta la separación de poderes. El Ministerio no puede hacer otra cosa que elevar el nombramiento al Consejo de Ministros. Pero quiero reconocer el buen trabajo que hizo cuando fue fiscal general y ministra de Justicia y el gran talante democrático que manifestó.

–¿No ve incompatibilidades?

–El Ministerio de Justicia no puede entrar a valorar eso.

–¿Qué siente un socialista que ha estado en la diana de ETA cuando ve a condenados por terrorismo como candidatos en las listas de Bildu?

–Un cabreo importante. Bildu se confundió. Cometió un grave error político que supone abrir una nueva brecha ante las víctimas del terrorismo. Supone volver a causarles daño a ellas y a todos los vascos que con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y Patxi López como lendakari conseguimos acabar con el terrorismo.

–¿Siente lo mismo cuando el PSOE pacta cuestiones trascentenales con Bildu?

–No. Porque Bildu se presenta a unas elecciones, tiene el respaldo que tiene y forma parte del arco parlamentario. Ellos apoyan una ley o un decreto ley. Sólo faltaba que les dijéramos a otros grupos lo que tienen que votar.

–Pero se negocia y se pacta con ellos.

–Insisto. Bildu como tal está en el Parlamento español.

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