"El futuro de Cogersa necesita consenso, hay asuntos con los que no se debe hacer política"

Nieves Roqueñí (1964) es consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. El acrónimo es TEIDE y el área también es una cumbre inédita en política y gestión por el intento de reunir el cambio de paradigma energético, la lucha contra el cambio climático y la transformación de la industria.

–Su consejería conjuga dos almas: la de transición ecológica y la industrial. Y en una región en la que tradicionalmente la consejería de Industria miraba mucho al carbón, ahora vamos a la descarbonización.

–Veo a las empresas muy alineadas con los objetivos de descarbonización. Y veo transformaciones en la actividad económica, en la línea de las energías renovables. Esto es como un gran petrolero, le cuesta iniciar el movimiento, pero una vez iniciado es imparable.

–El cambio de paradigma energético es complejo: apostamos por las renovables, que tienen su impacto también. ¿Cómo vamos en el objetivo de que en 2030 el 72% de la energía utilizada por Asturias sea verde?

–Vamos lentos y el reto es acompasar todos los pasos. Las renovables tienen un ciclo de maduración lento, con procesos ambientales y urbanísticos largos. Y las instalaciones han de ser asimiladas por los territorios, porque sin ese compromiso es complicado. También se necesitan líneas de evacuación. Todo eso debe ir unido a la planificación energética nacional.

–¿Seguiremos teniendo soberanía energética?

–Ese es el objetivo. Además de los proyectos verdes, tenemos también proyectos de baterías, que darán más resiliencia a los sistemas de generación. Y luego está el despliegue del hidrógeno. Siempre ha sido el paradigma de almacenamiento de energía. En la energía fotovoltaica no tendremos grandes opciones, pero sí hay una revolución en el autoconsumo. Si mira Oviedo en Google Maps verá cómo abundan tejados con placas solares.

–Pues ha habido reiteradas quejas por la demora en la tramitación de las ayudas para instalar paneles solares.

–Ya ha visto que la mayoría de esas solicitudes tenían problemas que deben ser subsanados. Es un riesgo cuando hay ayudas abiertas a un gran número de particulares. Lo importante es que haya dinero y, aunque vaya lento, se pueda primar a las personas en este tipo de actuaciones.

–En los parques eólicos los ayuntamientos terminan por establecer vetos. ¿No deberían fijarse en las nuevas directrices los espacios destinados a ese recurso a las claras?

–Hasta ahora las directrices han servido para eso, pero en esta revisión veremos si abrimos esas opciones de instalación a otras zonas. También la tecnología va avanzando, con mayor potencia. Ahora con un molino puedes generar tanto como antes con seis. Potenciaremos los parques que ya existen y evaluaremos otras áreas.

–¿Fuera del Occidente? ¿Veremos molinos cerca de las grandes ciudades?

–Bueno, en la depresión mesoterciaria de Oviedo no va a haber mucho viento (se ríe). Necesitamos sierra, buena orientación. Puede ser posible en la zona central-sur, pero si te vas muy al sur topas con la cordillera y espacios protegidos.

–¿Tener a IU de socio de gobierno complica eso?

–No, creo que comparte con nosotros la necesidad de atender la emergencia climática, desterrar en lo posible los combustibles fósiles y que la energía ha de venir de fuentes verdes. Debemos compatibilizar eso con la defensa del medio ambiente y encontrar compensaciones al territorio, para que los vecinos también vean que se benefician de estas instalaciones.

–En Portugal, la eólica marina conduce al desguace de barcos…

–Portugal plantea molinos cerca de la costa y también hace explotación de los recursos con redes pelágicas, que arrastran el fondo. Aquí estamos con modelo distinto: eólica flotante, alejada de la costa, que afectará menos a la pesca de bajura, y que incluso puede propiciar la generación de ecosistemas. La clave es que esa transición sea justa, y si algún sector se ve perjudicado tenga compensaciones.

–¿Cuál será el efecto en Asturias del cambio climático?

–De primeras, un aumento importante de temperatura, prolongando el verano hacia el otoño. Se reducirán heladas, lo cual puede ser una oportunidad para ciertos cultivos en las vegas. En cuanto a las lluvias, no se prevé que descienda la cantidad anual total, pero sí su distribución, con fenómenos más intensos, con impacto en inundaciones. No olvide la subida del nivel del mar, con mareas vivas que pueden afectar a zonas de estuario.

–¿Persisten los puntos negros en la calidad del aire?

–Hemos mejorado mucho. Todos los planes que se han aplicado, en Avilés, en Gijón o en Oviedo han reducido los niveles. Mantenemos dos focos, en el oeste de Gijón y el área portuaria de Avilés. En este último, la estación medidora está mal situada, en una zona industrial, en medio del puerto. Y se ha mejorado mucho, pero en algún momento la UE tendrá que dejarnos cambiar la ubicación. En la zona oeste de Gijón, con las actuaciones llevadas a Arcelor y otras, la calidad ha mejorado.

–Repasemos el diseño del Gobierno. Hay una separación entre Industria, bajo su mando, y Empresa, vinculada a la consejería de Ciencia e Innovación. ¿Tener el mundo económico entre dos no supone un riesgo de que acabe en tierra de nadie?

–En Asturias hay un peso importante de la industria, una gran industria tractora, y cuya problemática es específica. Otra cosa son las pequeñas y medianas empresas, con una actividad más ligada al emprendimiento. Tiene sentido que la industria tradicional tenga un departamento específico. Y desde luego, estamos hablando del mismo gobierno.

–¿Puede haber dudas en la captación de inversiones, entre Industria y Sekuens?

–Que nadie tenga duda si llama a la puerta para traer una inversión para Asturias; vamos a abrírsela en el Gobierno, por Sekuens, por Ciencia, por Industria, por Transición… donde sea. Aquí estamos más cerca de unas inversiones más industriales, digamos. No hay que liarlo mucho. Se trata de que quien venga encuentre una puerta abierta.

–Está en desarrollo la ley de proyectos estratégicos entre ambas áreas, supongo que pactada con IU.

–Es una ley de apoyo a ciertos proyectos, como tienen otras comunidades, para identificar proyectos estratégicos que cumplan ciertas características en empleo e inversión y que tengan un apoyo especial. Pero acompañamiento del Gobierno lo hay para todo proyecto.

–Vamos a materia pesada. ¿Cuándo se despejará la inversión de Arcelor con el DRI?

–Arcelor tenía dos proyectos de descarbonización: el horno de arco eléctrico, que es una inversión ya aprobada, y el proceso de DRI. Que tengamos lo primero ya es buena noticia, no debemos mirar únicamente a lo que falta. Respecto al DRI estamos esperando. Ahora mismo no hay avances, pero también es cierto que hemos estado unos meses sin gobierno en España y la multinacional también tiene sus coyunturas.

–Uno de los problemas parece estar en el precio de la energía.

–Es lo que se negocia: ¿cuánto me va a costar la electricidad, voy a tener ayudas para el hidrógeno? Por ahora no hay previsión, pero nosotros como gobierno de Asturias no tenemos capacidad de actuación ahí.

–Una de nuestras esperanzas estaba en la fábrica de coches china, que parece descartada.

–Se están moviendo por Europa, hay que ir viendo, no hay nada cerrado.

–Recientemente hubo una visita de un fabricante chino de baterías a la Zalia…

–Hay muchas visitas…

–¿Y cómo va la inversión de Umicore para instalarse en el puerto de Gijón? Creo que está bastante madura…

–Bueno, esa que la anuncie la empresa cuando haya alguna novedad.

–¿La apuesta por el hidrógeno saldrá bien? El modelo no está aún muy claro en rentabilidad energética y económica…

–Eso es una cuestión de oferta y demanda, como en cualquier tecnología. En Asturias estamos en la avanzadilla, con dos proyectos de EDP, uno en Aboño y otro en Soto de Ribera, y hay proyectos para usar hidrógeno, además de Arcelor: Fertiberia quiere fabricar amoniaco y fertilizantes con base en hidrógeno. También están «pintados» los corredores… pero los proyectos no se hacen de la noche a la mañana, conllevan una parte de ingeniería importante y otra de tramitación. Y, finalmente, tienen que autorizarse las inversiones. Estamos en ese recorrido.

–¿Autorizará la mina de Salave? La pelota está en el Principado o eso se interpreta…

–Este es un tema urbanístico que es competencia del ayuntamiento. Hasta que no se resuelva eso, por muy viable que la explotación lo sea ambientalmente, no es posible autorizarla. El Ayuntamiento de Tapia debe promover una modificación de planeamiento.

–Están redactando una nueva ley del Agua. ¿Para qué?

–Tenemos muchos proyectos que van a cambiar el paradigma del ciclo integral de agua, como el de Villapérez para regenerar agua de uso industrial y grandes arterias que reforzarán y extenderán el abastecimiento hacia la costa oriental y occidental. Además, nos permitirá tener un marco legal para dar acomodo a convenios con aquellas zonas a las que no podemos llegar con recursos de la zona central. También en saneamiento, con ayuntamientos con poca capacidad para atender sus sistemas de depuración.

–El agua siempre ha sido abundante y barato en Asturias. ¿Debemos olvidarnos de que lo sea?

–Al menos tenemos que prepararnos para que en algún momento no sea así.

–La ley de Calidad Ambiental se aprobó como pieza clave para aligerar trámites. Ahora deben pactar el reglamento con IU. ¿Eso puede restarle operatividad?

–Es una ley que desarrolla legislación que ya está en vigor, no cambiamos ninguna ley estatal o sectorial, ni ninguna relativa a las garantías ambientales. Donde ha habido más desencuentros es en la declaración responsable ambiental y es ahí donde debemos regular bien, porque se trata de actividades con mínima incidencia, que deberán tener compatibilidad urbanística con el Ayuntamiento y cumplir las comunicaciones ambientales requeridas.

–¿Les faltaron reflejos en el proyecto de pirólisis de Gijón? Si ya estaba claro que no podía instalarse allí… ¿por qué tramitarlo?

–Los pasos son distintos. El proyecto llega al servicio de evaluación de impacto, que pide a la empresa lo necesario y se prepara el expediente, se piden informes… Y cuando la documentación está completa llega a otros departamentos.

–¿Hay posibilidad de que la empresa pida alguna indemnización?

–Hizo un comunicado admitiendo que nos pediría ayuda para buscar otros emplazamientos.

–¿Y son posibles?

–Pues como cualquier otro proyecto. Si es ambientalmente viable, podrá tener un emplazamiento.

–Entremos en Cogersa y el problema con el combustible extraído de la bolsa negra, el llamado CSR.

–Ya se está fabricando en la planta de tratamiento que hay en Cogersa.

–La cuestión es: o se quema (puedo usar la palabra valorizar si lo prefiere) en hornos privados pagando por ello o en instalaciones propias que habrá que construir.

–Eso lo tenemos que definir. Y que valorizar solo sea quemar… tampoco está claro.

–No parece que haya más opciones en el horizonte real…

–Antes me hablaba de una planta de pirólisis. Eso es valorización química. Con el CSR cabe una pirólisis, un proceso similar. O también la gasificación. Opciones de valorización química las hay y también en empresas, es cierto que no en nuestro entorno.

–La cuestión es: ¿lo hacemos fuera o en Cogersa?

–Es el debate que debemos abrir con nuestro nuevo plan de residuos. Y es cierto que parece que nos falta una pieza en el ámbito público. Hasta ahora hemos llegado, en el proceso de reducir nuestros residuos, hasta el CSR y tenemos que decidir qué hacer con él. No hay ninguna opción que ahora se considere más adecuada o razonable.

–Pero hay que elegir entre pagar 16 millones al año para dar salida a ese CSR o invertirlo en construir una planta.

–En cualquier caso lo que sí quiero recalcar es que los pasos que hemos dado hasta aquí eran necesarios. Con la nueva planta abrimos la bolsa negra y sacamos materiales que elevan los porcentajes de reciclado y nos ayuda cumplir los objetivos de la UE. En ese proceso extraemos el CSR, que aún tiene recorrido. En otras comunidades hay una planta de valorización posterior. Eso es lo que tenemos que ver.

–¿Pero qué opciones tecnológicas hay? Llámelo combustión, si quiere.

–Creo que hay que decirlo claro: el debate de la incineración está cerrado; por tanto, no podemos hablar de incineración. Hablaremos de otras cosas. Ahora hay que poner sobre la mesa todos los sistemas de valorización y probablemente tampoco terminemos en uno único. También dependerá de que logremos reducir la cantidad de CSR que se produce con la bolsa negra. Eso se consigue con más políticas para impulsar el reciclaje.

–De momento se prevé extraer 160.000 toneladas anuales. En tanto evalúan, ¿cabe suspender la licitación en marcha para que hornos privados opten a llevarse ese material y que supondrá que Cogersa desembolse 16 millones?

–Hemos ampliado el plazo de recepción de ofertas porque algunas empresas nos lo han pedido. Primero tendremos que ver si se producen ofertas. Porque si el contrato se ha anunciado y se suspende tendríamos un fraude de ley. Podría haber que afrontar indemnizaciones.

–La central de biomasa de La Pereda podría ayudar a encontrar salida a una parte de ese combustible. ¿Cuándo estará operativa?

–El porcentaje que podría asumir es bajo. Y aún tiene que hacer transformaciones en su ciclo productivo para poder estar operativa.

–A este debate se suma otro, el del cambio normativo que obliga a repercutir al ciudadano, en las tasas de basura, el coste del proceso de recogida y tratamiento. Se compensará algo a los ayuntamientos en el próximo presupuesto autonómico, pero eso es pan para hoy, porque en 2025 eso tendrá que estar operativo.

–El entonces vicepresidente Juan Cofiño tuvo una reunión en 2022 con todos los ayuntamientos para explicarles esto. El cambio de gestión, los requerimientos de la UE, la planta de basura bruta y que todo tendría un coste. Los ayuntamientos afrontaban un año electoral y algunos consideraron que subir las tarifas no era muy rentable políticamente. Pero ahora sí que todos debemos ponernos en la línea de que hay que repercutir el coste real. La alternativa es muy sencilla: que los ciudadanos reduzcan lo que va a la bolsa negra, porque eso tiene un coste cero. Esto es un aliciente para reciclar más. También le digo: la mayoría de los asturianos no sabe lo que paga por su basura, porque llega a la comunidad, o va en el recibo del agua o alcantarillado. Cogersa ha hecho una encuesta entre más de mil asturianos. Más de la mitad de la población, el 62%, no sabe lo que paga. En el caso de los gijoneses, el 72%. Pero luego, entre los que lo conocen, casi la mitad cree que esa cantidad es justa.

–¿Cree que es el momento de hacer un gran pacto político sobre el futuro de Cogersa como el que dio lugar a su nacimiento?

–Eso vendría muy bien. Creo que no hay que hacer política con asuntos como los residuos o el agua. Son servicios indispensables, y más en una comunidad como la nuestra que tiene un consorcio que trata a todos por igual, sin distinción de color del municipio. Se necesita un consenso sobre el modelo, las tarifas, y ahí la Federación de Concejos tiene un papel importante. Queremos trabajar con los ayuntamientos y la federación para analizar todos los modelos. También las necesidades de puntos limpios…

–¿Cumpliremos el objetivo de reciclar el 55% de nuestra basura en 2025?

–Andaremos cerca y con la nueva planta de residuos mejoramos esa recuperación de materiales. También con los fondos MMR hemos lanzado dos convocatorias para la recogida de materia orgánica y para establecer más puntos limpios. El cubo marrón (de residuos orgánicos) debe implantarse más. En concejos rurales vamos a hacer un proyecto piloto de compostadoras comunitarias. Con todo ello nos acercaremos a ese objetivo que nos marca la UE.

–La apertura de la Variante de Pajares impulsará el turismo, pero ¿lo haremos compatible con el modelo de protección natural de Asturias? Y hablando de residuos, ¿no es la tasa turística una opción para esos concejos que sufren por los visitantes un incremento de sus costes de gestión de residuos?

–Los concejos que sufren presión turística también incrementan sus recursos. Cuando viene un turista viene a algún sitio y genera actividad económica: si hay turismo, hay ingresos, hay actividad económica y más facilidad para pagar los servicios públicos. Y respecto a ese carácter de protección de Asturias es lo que tenemos que poner en valor. Contamos con la costa mejor preservada de España gracias a políticas que se aplicaron desde hace mucho, como el plan de ordenación del litoral, o la declaración de espacios naturales.

–Están en elaboración unas nuevas directrices de Comercio. En algunas zonas la limitación para que se instalen medianas superficies termina desplazando el consumo a comunidades vecinas. Ocurre con Ribadeo, por ejemplo.

–Es cierto que detectamos eso y creo que es una cuestión que debamos revisar. Probablemente no se trate de levantar la mano en todos los lugares, pero sí en algunas zonas sea necesario flexibilizar esas limitaciones.

Suscríbete para seguir leyendo