"Algún punto de la ley de amnistía puede ser inconstitucional", avisan los juristas asturianos

La amnistía "cabe" en la Constitución, pero la pactada por el PSOE y los nacionalistas catalanes podría caer en la inconstitucionalidad, si no se mejoran aspectos como el de la igualdad. Así lo expresaron ayer los catedráticos de Derecho Francisco Bastida, José Manuel Paredes y Javier González Vega, en una mesa redonda organizada por la Facultad de Derecho, que abarrotó el aula magna. "Nunca vimos la sala así de llena", admitió el decano, Javier Fernández Teruelo, que hizo de moderador en el acto. Durante cerca de dos horas, más de 300 estudiantes y profesores, algunos de ellos de pie, escucharon a los tres profesores reflexionar sobre una proposición de ley que este miércoles llegó a la Comisión Europea. "Es una ley que genera interés y cierto desazón. Las facultades de derecho tenemos la responsabilidad de debatir", dijo Teruelo. Y así se hizo ayer.

Tras una breve introducción que realizó la profesora Regina Fonseca para recordar que "la amnistía no está contemplada ni en la Constitución ni en el Código Penal", aunque en España hubo varias amnistías, la más conocida la de la Transición en 1977, el primer ponente en intervenir fue Francisco Bastida. El catedrático de Derecho Constitucional jubilado señaló que "la amnistía cabe en la Constitución", sin embargo, matizó, "no cualquier amnistía". En el caso concreto de la proposición de ley del PSOE de Pedro Sánchez hay aspectos "mejorables". Uno de ellos es el de la igualdad. "La ley solo contempla los supuestos de exoneración de responsabilidad de delitos cometidos por los independentistas y no si quienes cometieron esos delitos son personas que se oponían al independentismo. Ahí se quiebra el principio de igualdad y la ley debería corregirlo para no ser inconstitucional", advirtió.

A lo largo de su exposición, Bastida compartió con los asistentes más dudas que certezas sobre la norma. "La amnistía es arbitraria y eso exige un plus de racionalidad", recordó. De ahí los once folios de exposición de motivos, en los que sus promotores defienden que se aplica para mejorar la convivencia en Cataluña. Problema: que no hay, según Bastida, garantías de que los posibles amnistiados no repitan los delitos. "En amnistías tras episodios violentos se entregan las armas, y en amnistías fiscales previamente se hace una regulación de la deuda. Sin embargo, en esta ocasión los amnistiados proclaman abiertamente que no van a renunciar a la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña".

El catedrático abrió otro interrogante más: "¿Qué convivencia se quiere establecer? Porque, tal y como está redactada la ley, parece que el conflicto es entre España y Cataluña y que en Cataluña son todos independentistas. Esto podría infringir el principio de igualdad". Por último, el profesor Bastida avisó de que el texto abre la puerta a que algún juez pueda negar la amnistía al apreciar que hubo "intenciones supremacistas".

José Manuel Paredes, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, empezó advirtiendo de que "hay que separar el aspecto jurídico del político". Centrándose primero en el jurídico, "la amnistía –que, definió, es un delito no perseguido, algo que no es extraterrestre en España– no está recogida en la Constitución y, por tanto, no está prohibida". Ahora bien, "esto no quiere decir que la amnistía sea aceptable, porque amenaza de manera potencial el principio de la igualdad". Se tienen que respetar dos límites: que haya "un trato desigual justificado y que se respete el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, que no se hayan cometido graves violaciones". Dicho esto, Paredes no cree que la proposición de ley de los socialistas vaya a tener "un problema mayor" que otras normas de amnistía, aunque la "conflictividad" está asegurada. "Habrá cuestiones inconstitucionales, jueces que hagan interpretaciones de lo más exótico para oponerse...".

Y queda la parte política. José Manuel Paredes dejó claro que el motivo principal de esta amnistía no es restaurar la convivencia en Cataluña, sino "gobernar". "Esto no es ni bueno ni malo. Es política", puntualizó. A lo que añadió: "¿Hay razones políticas para estar a favor y en contra? Sin duda. Unos dicen que hay una motivación de pacificación y otros argumentan que es injusto que se les perdonen los delitos". El catedrático se mojó y manifestó: "Yo creo que la amnistía en esta ocasión puede ser razonable, dado que no estamos hablando de delitos violentos, como torturas. Eso siempre y cuando haya un compromiso de mantenerse dentro de la legalidad".

Búsqueda de fundamento

Por su parte, Javier González Vega, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo, se centró en la larga exposición de motivos que acompaña a la ley, que es "una búsqueda desesperada de fundamento". Pero no siempre se encuentra. Es más, a su juicio, en la norma "hay interpretaciones sesgadas o directamente falsificaciones de los desarrollos de derechos internacionales". González empezó por las "constantes" alusiones al derecho comparado. "Buscar un modelo extramuros ya es un tanto cuestionable. Se pone el ejemplo de Portugal cuando su Constitución es bastante diferente a la nuestra, por ejemplo, incluye el derecho de los pueblos a la libre determinación. Esto no puede usarse en absoluto como fundamento, solo sirve como introducción, como aperitivo", expuso.

En su opinión, las referencias al derecho internacional ofrecen "claroscuros". "En realidad el derecho internacional no se pronuncia sobre las amnistías; deja libertad a los Estados para que la regulen o no. Y en este punto me sorprende las referencias que se hacen a los tratados españoles, dando entender que la amnistía ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y que ello fuerza a una revisión constitucional. Esta es una afirmación rotundamente falsa", manifestó. Más dudas generan las alusiones al derecho europeo y a los derechos humanos. "Son falsas o sesgadas", remató el catedrático.

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