Las administraciones, a la espera de lo que diga la justicia española sobre los interinos

El Estado, las autonomías y los ayuntamientos no mueven ficha, de momento, sobre la sentencia que dictó la pasada semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que apoyó la conversión de todos los interinos de larga duración en personal fijo. La Comisión de Estado de Función Pública se reunió ayer con representantes de todas las autonomías y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Por el Principado participó el director general de Función Pública, Miguel Ángel Rodríguez.

Los aspectos más inquietantes para el conjunto de las administraciones de la sentencia del TJUE, además de conversión en fijos de los interinos de larga duración, fueron el cuestionamiento de los procesos de estabilización, regulados a partir de la ley estatal de 2021, y la indemnización de 20 días por año trabajado al personal que no supere esos procesos. La justicia europea concluyó que ninguna de esas medidas puede entender como una sanción adecuada para evitar que se repita el abuso en la contratación de personal interino para la cobertura de puestos que son estructurales.

El Ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ya había anunciado la pasada semana que la sentencia del TJUE no alteraba la hoja de ruta con los procesos de estabilización de empleo temporal, que deben estar concluidos antes de que acabe 2024.

La Comisión de Estado de Función Pública repasó el estado de la marca de los procesos de estabilización, que en el caso del Principado afectan a más de 8.600 plazas. En principio, la estrategia de las administraciones públicas será esperar a la adaptación que los jueces y tribunales españoles hagan de la sentencia dictada recientemente por la justicia europea, que a juicio de distintos especialistas en Derecho Administrativo "da más argumentos" para las reclamaciones de los interinos.

Hasta ahora el Tribunal Supremo y, en especial, su Sala Social se habían mostrado contrarios a la conversión automática del personal interino en fijos de la administración, con el argumento de que esa medida conculca legislación española sobre el acceso a la función pública, en concreto la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). La Sala Social del Supremo ha trasladado al TJUE una cuestión prejudicial el pasado mes de mayo para aclarar si la conversión en fijo del personal interino es compatible con la legislación española, pero la resolución de dicha consulta puede demorarse todavía cerca de dos años.

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