La Justicia tumba todos los intentos de las comunidades de abatir ejemplares de lobo

Los tribunales han frenado, uno a uno, todos los intentos de las comunidades por abatir lobos. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) presentó recursos judiciales a las decisiones adoptadas por Asturias, Cantabria y La Rioja que perseguían dar muerte a ejemplares con el argumento del control poblacional. En todos los casos, los recursos prosperaron y las sentencias dieron la razón al colectivo conservacionista.

El mayor intento de una administración autonómica por sortear la protección al lobo por su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial lo realizó Cantabria, donde el gobierno regional planteó en junio de 2022 que se matase a 10 lobos mediante tres autorizaciones previas. En concreto, se planteaba abatir a dos lobos en Polaciones y Tudanca, cuatro lobos en La Hermandad de Campoo de Suso y otros cuatro ejemplares en Ruente, Cabuérniga, Los Tojos y la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga.

Cantabria tenía prevista la "extracción" de 34 ejemplares en su plan de gestión de la especie, antes de que se aprobase la protección por parte del Gobierno central, por lo que el Gobierno cántabro planteaba mediante autorizaciones específicas ejecutar casi la tercera parte del control poblacional que tenía previsto.

Ascel presentó un recurso de alzada, que fue denegado, y terminó acudiendo a los tribunales con tres recursos contenciosos-administrativos exigiendo como medida cautelar la suspensión de las resoluciones, lo que fue inicialmente denegado.

Fue entonces, en septiembre de 2022, cuando el gobierno cántabro emitió tres autorizaciones ejecutivas para matar tres lobos, uno en cada zona previamente autorizada. ASCEL terminó acudiendo a los tribunales con una medida cautelar de suspensión que sí fue finalmente admitida. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha resuelto favorablemente a Ascel en todos los casos, lo que ha anulado tanto las autorizaciones previas como las ejecutivas que el Gobierno de Cantabria emitió para matar lobos. Todas las sentencias condenan al gobierno cántabro a abonar las costas.

En el caso de Asturias, el gobierno regional intentó abrir la puerta al control poblacional con su programa de gestión 2022-2023, que también fue recurrido. Finalmente, el programa expiró sin que se llevase a cabo ninguna extracción y no se elaboraron nuevos programas los años siguientes. El Principado también autorizó una muerte en los Picos de Europa que caducó sin que se llevase a cabo. La Rioja también aprobó un plan de gestión que permitía abatir al 6% de los ejemplares. El Tribunal Superior de esa comunidad anuló la determinación de cupos máximos de ejemplares de lobo que podían ser sacrificados, lo que en esencia tumbaba el plan.

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