El aviso de algunos juristas sobre la ley de pisos turísticos: una invasión de competencias y una mala redacción

La reforma de la ley autonómica de Turismo para regular el alquiler de los pisos vacacionales invade competencias estatales y no está bien redactada: puede colisionar con la ley de propiedad horizontal, que es de ámbito y aplicación estatal. Esta fueron las advertencias que realizaran los expertos en Derecho Civil y Derecho Constitucional que comparecieron en el parlamento asturiano para dar su opinión acerca del proyecto de ley para modificar la normativa turista y regular el alquiler de pisos turísticos, una demanda planteada tanto por comunidades de vecinos como por la patronal del sector.

También comparecieron otros expertos en materia de trabajo social y sociólogos que, cuestiones legales al margen, afirmaron que se trata de una regulación "necesaria" y "oportuna" por el impacto que el aumento de los alquileres turísticos supone para el acceso a una vivienda.

El primer turno de comparecencias de expertos sobre esta reforma legal dejó patente que el texto del anteproyecto autonómico deberá ser objeto de cambios para que no suponga un futuro foco de litigiosidad. Herminia Campuzano, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, fue clara y contundente. "Esta norma invade claramente competencias, regula cuestiones que le están vedadas", advirtió la jurista, que señaló varios de los puntos de fricción entre el anteproyecto autonómica y la ley estatal de propiedad horizontal. Por ejemplo, cuestionó que la futura ley autonómica quiera fijar en el acuerdo por mayoría de la comunidad de propietarios y de las cuotas de propiedad el quorum para prohibir el uso turístico de un piso, cuando la ley de propiedad horizontal fija ese listón en tres quintas partes de los propietarios. "Este es el único quórum que puede servir para impedir el uso turístico de una vivienda, si esa prohibición no aparece reflejada en los estatutos de la comunidad", afirmó la catedrática Campuzano. "Si se aprueba así, el litigio está servido", advirtió. También cuestionó que la futura ley autonómica considere vivienda turística "todas aquellas que se alquilen por un periodo consecutivo inferior a un año, un plazo excesivamente amplio, ya que incluye los alquiles de temporada, a los que recurren por ejemplo los estudiantes durante nueve meses al año o los profesionales desplazado durante once meses, y que está regulado en la LAU (ley de arrendamientos urbanos)".

Abel Arias, doctor en Derecho Constitucional, consideró "muy acertados" algunos de los cambios introducidos en la futura ley asturiana, como por ejemplo la modificación de zonas saturadas por zonas protegidas. "Constituye un elemento adecuado ante los problema por el exceso de oferta de pisos turísticos en determinados puntos de la región", argumentó. También señaló como un avance, la puerta que abriría la futura norma autonómica a los ayuntamientos para "adoptar medidas" sobre la limitación de pisos turísticos, una valoración también compartida por Herminia Campuzano. Pero Arias reconoció que "tal cual está redactada va en contra de la legislación civil, no es la mejor redacción posible", en cuanto a la rebaja de la mayoría necesaria para prohibir el uso turístico de un piso (de tres quintas partes a la mitad).

José Pablo Calleja, profesor e Trabajo Social de la Universidad, afirmó que el aumento de la oferta de pisos turísticos, de 4.900 antes de la pandemia a 7.250, "es uno de los factores de mayor influencia en la subida del precio medio de los alquileres en Asturias, con el consiguiente impacto para "los asturianos que cada vez tiene más problemas para acceder a una vivienda, especialmente los que viven en situación de más vulnerabilidad". Por su parte, el sociólogo Sergio González Begega, valoró positivamente "la cogobernanza con los municipios" que introduce esta ley porque "la actuación de los municipios es fundamental para la regulación adecuada de este fenómeno".

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