Del Arco pide ante el Consejo de la UE medidas para atajar el paro de larga duración

La consejera de Derechos Sociales intervino en representación de las comunidades españolas

Marta del Arco, con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Marta del Arco, con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. / LNE

V. M.

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, defendió ayer en Luxemburgo un esfuerzo en las medidas europeas para integrar en el mercado laboral a los desempleados de larga duración. Del Arco, que intervino ante los miembros del Consejo de Empleo, Políticas Sociales, Sanidad y Consumo (Epsco) en nombre de las autonomías españolas, reclamó potenciar la orientación laboral, la formación, la relación con las empresas y la igualdad de oportunidades, en especial para los mayores de 50 años. Asturias representa y coordina a lo largo de este semestre las posiciones de las comunidades autónomas en materia de empleo y servicios sociales.

Del Arco defendió el papel de las comunidades autónomas en las políticas activas de empleo, y para ellas reclamó un mayor impulso comunitario. "Estas actuaciones han ayudado a un descenso significativo en el número de personas desempleadas de larga duración, que han pasado de 2,5 millones en 2015 a un millón en 2023", aseguró Del Arco.

El paro de larga duración no solo supone un problema social, sino también económico: "Reduce el potencial de crecimiento de las economías de la UE y aumenta el riesgo de pobreza, exclusión social y desigualdad", apuntó Del Arco, que también se refirió a las consecuencias que tiene la situación para quienes lo padecen. Además de la pérdida de ingresos contribuye al deterioro de las capacidades profesionales, causa una mayor incidencia de problemas de salud y aumenta la pobreza de las familias que lo sufren", señaló.

La propuesta presentada por la consejera, consensuada con el resto de comunidades pasa por potenciar la orientación laboral, favorecer la formación en competencias digitales, promocionar y sensibilizar a los empleadores para que sean perceptivos para la contratación de mayores de 50 años, y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, además de prestar atención a los colectivos vulnerables.