El Gobierno se abre a retocar la ley de pisos turísticos y evitar dudas jurídicas

El Gobierno regional se mostró ayer dispuesto a retocar la redacción de la norma que regulará los pisos turísticos para evitar las dudas jurídicas expresadas por varios juristas en las comparecencias parlamentarias en el trámite de audiencias.

Dos son las cuestiones en debate. El proyecto de reforma de la Ley de Turismo aprobado por el Ejecutivo, y aún pendiente de aprobación por la Cámara, señala la necesidad de contar con una "mayoría" de los propietarios de la comunidad de vecinos donde vaya a establecerse un piso turístico. Varios juristas que comparecieron en la Cámara señalaron que esa exigencia, entendida como la posibilidad de que la mayoría de los vecinos vetasen ese uso, entraría en conflicto con la ley de Propiedad Horizontal e, incluso con la Constitución.

A este respecto, la Vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, se mostró dispuesta a "dialogar" e incorporar cuantos "matices" sean necesarios para mejorar la norma. La interpretación del Principado sobre esa exigencia es que tiene como objetivo que el resto de propietarios estén informados y conformes con el hecho de que en uno de los pisos se establezca una vivienda turística. "Es una cuestión de trámite administrativo", recalcó la directora general de Vicepresidencia, Luisa Fernández del Valle, quien admitió que la actual redacción podría dar lugar a "interpretaciones" que no son el objetivo que persigue la norma. "No se busca alterar el régimen de mayorías que establezca la legislación estatal o la regulación de la propia comunidad de propietarios", indicó Fernández del Valle.

Pero expertos jurídicos que intervinieron durante la jornada, como Antonio Lorca, Manuel Hermino García o Mario Fernández, advirtieron del problema jurídico que puede suponer esta exigencia, además de que podría generar situaciones de conflicto entre los propietarios.

El otro asunto es el hecho de que se establezcan seis meses para que los negocios ya inscritos presenten el consentimiento del resto de vecinos. Los expertos señalaron que esa exigencia obligaría a celebrar reuniones de propietarios que quizás no podrían convocarse en los seis meses establecidos. Especialmente combativa con ambas cuestiones fue la portavoz de Vox, Carolina López, quien consideró invasiva la norma y aseguró que el plazo de seis meses suponía de facto una "retroactividad" para las viviendas turísticas ya autorizadas.

Este extremo fue negado por la Vicepresidenta, que aseguró que la inclusión de ese precepto persigue una adecuación a la norma de los negocios ya existentes, "como sucede cuando cambia la regulación". Eso sí, advirtió Fernández del Valle, "el único problema sería cuando una vivienda turística en servicio no cuenta con el consentimiento del resto de propietarios, algo que no prevemos, porque suponemos que si está en servicio se adapta a la ley vigente".

Empresarios hoteleros y propietarios de pisos discrepan sobre el objetivo de la regulación

El presidente de la patronal hostelera OTEA, José Luis Álvarez Almeida, destacó la necesidad de regular el sector de los pisos turísticos porque "es el modelo de turismo de la región el que está en juego". En su intervención ante la Cámara, en el trámite de audiencias preceptivo previo al debate del proyecto de ley, Almeida destacó que "Oviedo y Gijón fueron las ciudades en las que se registró un mayor incremento de pisos turísticos de todo el país en 2023". Almeida centró su intervención en trasladar la idea de que la proliferación de viviendas de uso turístico gestionadas por pequeños propietarios contribuye menos al empleo y tributa menos que la gestión que una cadena hotelera realiza de un hotel. También se refirió al impacto en el mercado del alquiler ya que, según un estudio de Exceltur, "un alquiler residencial de un apartamento para cuatro personas supone la mitad de ingresos para el propietario que si lo dedica a uso turístico". En este sentido, Almeida vinculó la existencia de zonas en las que acceder a un alquiler residencia supone un problema por la existencia de numerosas viviendas turísticas (explícitamente se refirió a Llanes) para alertar que los problemas para los residentes "pueden llevar a un problema que está surgiendo de forma exponencial: la turismofobia". Totalmente discrepante con esta fue la opinión de Iván Rodríguez López, presidente de la asociación de Alojamientos de Corta Estancia, quien insistió en que la norma en trámite "incumple preceptos de la normativa nacional o de la Constitución". Además, aseguró que "el objetivo más importante de esta ley es la expulsión de miles de pequeños propietarios del mercado, en favor de los fondos de inversión y cadenas hoteleras". Aventuró, además, que se "suplantará" a los pequeños propietarios "y las rentas que ahora se reparten miles de asturianos pasarán a los balances de cadenas hoteleras". Aseveró, además, respecto al impacto en la vivienda de alquiler, que un piso turístico gestionado por un pequeño propietario siempre puede revertir su uso, algo que "no sucederá" si se trata de conjuntos de viviendas "gestionados por cadenas o fondos de inversión".

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