Los asturianos de la pieza inicial de "Pokémon" aceptan penas mínimas

La Audiencia Provincial de Lugo ha impuesto este lunes penas de prisión inferiores a los tres años de cárcel para cada uno de los 11 imputados en la pieza original de la "operación Pokémon", la mayor macrocausa de corrupción política investigada en Galicia, tras haberse alcanzado los acusados un acuerdo de conformidad y reconocido los hechos. Los dos acusados asturianos, directivos de Cechalva, José Luis Álvarez (el que destapó la trama, defendido por el letrado Fernando Barutell) y Jorge Pío Cecchini, aceptaron penas de nueve meses y un año y cuatro meses de cárcel respectivamente.

Los hechos se relacionan con la adjudicación fraudulenta del servicio de la grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva entre 2004 y 2006, cuando el principal imputado en la pieza, el ex concejal de Lugo Francisco Fernández Liñares estaba al frente de Economía. El ex edil, quien también llegó a desempeñar el puesto de teniente de alcalde durante el mandato del socialista José López Orozco, aprovechó su posición de poder y su cargo público para favorecer la adjudicación a la citada empresa, obteniendo mordidas.

Además de Liñares, que compareció por videoconferencia desde la prisión de Monterroso donde cumple condena por otros delitos, este lunes se sentaron en el banquillo diez procesados más: Javier Reguera y Manuel Santiso como parte del accionariado de Cechalva por sus vínculos directos con Liñares; así como ocho empresarios (entre ellos Álvarez y Cecchini) relacionados con la empresa o procesados como parte de la caja B que ésta mantuvo.

Tras la lectura del escrito de acusación, que se prolongó durante casi dos horas, y de las modificaciones realizadas por parte de la Fiscalía, los once imputados reconocieron uno a uno la autoría de los hechos y aceptaron las nuevas penas. La mayor rebaja recayó en Liñares, para quien la Fiscalía solicitaba inicialmente 9 años y medio de cárcel y debe cumplir ahora dos y medio.