Treinta y cuatro asturianos pidieron la eutanasia el año pasado, y se aplicó a ocho

En Asturias se practicó la eutanasia a ocho personas a lo largo del año 2023, según los datos oficiales facilitados ayer por la Consejería de Salud del Principado. El año precedente habían sido nueve.

El informe anual que evalúa la prestación de este derecho en la región señala que en 2023 un total de 34 personas solicitaron ayuda para morir (frente a 25 en 2022). De ellas, 20 eran hombres y 14 mujeres. Al inicio del proceso, cuatro personas revocaron su decisión y otras diez fallecieron antes de la tramitación, a los pocos días de enviar la petición. De las otras veinte solicitudes, doce fueron aprobadas –ocho personas recibieron la prestación, una la revocó y otras tres pidieron aplazamiento– y las otras ocho denegadas. De los ocho casos en la que se realizó la eutanasia, cinco se realizaron en el domicilio, mientras que tres recibieron la prestación en el ámbito hospitalario.

"Las enfermedades neurológicas y oncológicas irreversibles, incapacitantes, en fases muy avanzadas y sin alternativas terapéuticas continúan siendo las patologías que padecen las personas que piden la aplicación de este derecho", señaló la Consejería de Salud. El año pasado, la media de edad de los demandantes se situaba en 71 años, frente a los 68 de 2022.

"El tiempo medio entre la primera solicitud y la resolución final de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de la eutanasia se redujo el pasado año de 41 a 36 días", destacó Salud. Esto supone, según la Administración, que "la gestión de la prestación en Asturias, que asegura una muerte digna para el solicitante, se realiza dentro de los plazos establecidos por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE)".

El Gobierno regional subrayó que la incorporación de un equipo de apoyo técnico que refuerza todo el procedimiento "ha contribuido a mejorar estos datos". El grupo se encarga de dar soporte a la gestión de la prestación de este derecho. Bajo la supervisión directa, su cometido consiste en coordinar y supervisar cada caso para facilitar y garantizar todos los trámites a las personas interesadas.

El año pasado se observó un incremento del porcentaje de personas que habían registrado el documento de instrucciones previas (DIP), que pasó de un 36 por ciento en 2022 a un 60 por ciento en 2023. Este año, hasta mayo se habían tramitado 2.256 instrucciones. En 2023 se formalizaron 3.370, y el año anterior, 1.394 expedientes.