Asturias esquiva la crisis de las autoescuelas y recibe a alumnos de otras comunidades

Las autoescuelas asturianas están esquivando, al menos de momento, la crisis a nivel nacional por la falta de examinadores, que está provocando largas listas de espera para realizar las pruebas prácticas del carné de conducir en varios puntos de España. Según la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), hay miles de alumnos "atrapados" en un limbo legal, sin poder examinarse y en una "situación crítica debido a la falta de personal en las jefaturas de Tráfico, lo que amenaza la campaña de verano".

La patronal del sector asegura que el 50 por ciento de las vacantes siguen sin cubrirse y ello conlleva que muchos examinadores "se vean obligados a realizar tareas administrativas", retrasando así las pruebas previstas para el verano.

En el Principado, según la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias (UEAS), la situación está controlada. "Estamos viviendo una situación normal. Muchos alumnos de otras comunidades autónomas, en especial Cataluña y Madrid, aprovechan las vacaciones de verano para examinarse aquí", asegura Rubén Castro, presidente de UEAS y vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

La CNAE, en cambio, carga contra el Gobierno central por, según sostiene, no ejecutar el plan de choque anunciado a principios de año. La patronal destaca que el problema no es el número de examinadores, 855 en plantilla de la Dirección General de Tráfico (DGT), sino que estos profesionales están ocupados realizando otras tareas de oficina, lo que limita la capacidad operativa de las jefaturas.

"En Asturias tenemos exámenes cada 6 u 8 días. Contamos con 15 examinadores aproximadamente, repartidos entre Oviedo, Gijón, Cuenca y Avilés", recalca Castro, que es profesor en la Autoescuela de Mieres. "Es incomprensible que el Gobierno no actúe de manera contundente para resolver esta situación, que pone en riesgo al sector de las autoescuelas, donde han cerrado más de 1.350, un 14% desde 2018. Esta crisis no solo afecta a las empresas, sino también a todos los ciudadanos y profesionales que requieren obtener un permiso de conducir", indica por su parte Enrique Lorca, presidente de la CNAE.

"Resulta paradójico que la DGT cobre tasas por todas sus gestiones y sanciones, y transfiera una significativa suma de dinero a los Presupuestos Generales del Estado, donde se diluye. De acuerdo con la disposición cuarta de la Ley de Tráfico, esta partida debería destinarse íntegramente a la financiación de la seguridad vial y, por lo tanto, también al refuerzo de las jefaturas de Tráfico", destaca el mandatario de la patronal, que insiste en que "las autoescuelas y los ciudadanos afectados esperan con urgencia una solución efectiva que garantice la efectividad de las jefaturas de Tráfico y permita la obtención de permisos de conducir sin demoras innecesarias".

La CNAE apunta a su vez a José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, que anunció una oferta de empleo público de 70 plazas de examinadores, que "se centran más en cubrir jubilaciones y bajas permanentes".

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