Asturias defiende un modelo de financiación basado en el coste de los servicios

El Gobierno asturiano reclamará en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la reforma de la financiación autonómica "tenga en cuenta los costes reales". Así lo explicó ayer el consejero de Ciencia, Formación, Empresas y Empleo, Borja Sánchez, quien participa en la cumbre autonómica en sustitución del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que disfruta de un permiso de paternidad. Sánchez estará apoyado por la directora general de Presupuestos y Finanzas, Mar García Salgado.

En unas declaraciones a los medios de comunicación que ofreció ayer durante una visita a Las Regueras, Borja Sánchez adelantó que pedirá que se tengan en cuenta aquellas cuestiones que más afectan al Principado de Asturias a la hora de prestar estos servicios, como el envejecimiento de la población, la orografía del Principado o la dispersión de la población.

Por otro lado, Sánchez abordó la vuelta de las reglas fiscales este año, un asunto también incluido en el orden del día. "Asturias ha sido una comunidad autónoma que se ha desempeñado muy bien en términos de su financiación", aseveró, lo que significa que el Principado no es una comunidad que esté "muy endeudada". El Consejero advirtió de que si esta regla fiscal no se modifica, "va a ser complicado" utilizar los recursos adicionales de los que disponen las autonomías. En consecuencia, Sánchez planteará al CPFF que se permita la modificación de las reglas fiscales "de acuerdo a lo que ha dicho" el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin).

El Ministerio de Hacienda ha convocado para hoy lunes, a las 12.30 horas, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas las 15 comunidades autónomas de régimen común, para abordar con ellas el reparto del objetivo de déficit para 2025, cuando España se ha comprometido con Bruselas a una cifra del 2,5 por ciento del PIB, así como la senda fiscal para el periodo 2025-2027.

Como suele ser habitual cada mes de julio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que presidirá la reunión, y los consejeros de Hacienda de las comunidades se verán las caras para acordar el reparto del déficit conjunto del 2,5 por ciento entre la Administración central, las comunidades y los ayuntamientos (posteriormente se reunirá la Comisión Nacional de Administración Local), y también ratificarán los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2025-2027.

El Gobierno mejoró el objetivo de déficit para el próximo año desde el 2,7 por ciento al 2,5 por ciento del PIB en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas en abril, pero no se conoce aún cuál será el reparto de este déficit entre los distintos niveles de la Administración, ni tampoco la senda fiscal para los años 2026 y 2027 que, en cualquier caso, deberá reflejar un déficit por debajo del 3 por ciento. Este año están ya en vigor las nuevas reglas fiscales de la UE, que marcan unos "números rojos" por debajo de esta cifra, y así se ha comprometido España.

Junto con el reparto de la cifra de déficit y la senda fiscal para los próximos tres años, Hacienda trasladará a las comunidades los últimos datos de entregas a cuenta derivadas del modelo de financiación y aprobados recientemente por el Consejo de Ministros. En concreto, se distribuirá entre las regiones 154.467 millones de euros en concepto de entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2022, lo que supone casi 20.000 millones más que el año pasado.

Montero aprovechará la reunión para trasladar a las comunidades que la intención del Gobierno es que estas entregas a cuenta récord se destinen a fortalecer servicios públicos como sanidad, educación o dependencia.

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