El movimiento de dinero al que se ve obligado el Gobierno asturiano para pagar sentencias judiciales

El Gobierno regional se está viendo obligado a modificar partidas presupuestarias para poder hacer frente al pago de sentencias judiciales condenatorias contra la administración asturiana.

Solo en los últimos meses, desde abril, el Principado ha tenido que realizar cuatro ampliaciones de crédito, por un valor total de 772.124 euros, para así poder abonar esos pagos que no estaban previstos.

Como el Ejecutivo asturiano no tenía suficientes fondos en las partidas destinadas a pagar sentencias, algo que se prevé en el presupuesto, ha tenido que desviar dinero de otras dotaciones presupuestarias que iban a destinarse a otros fines, como servicios de alimentación o equipos informáticos.

El Principado justifica en varios casos que ese dinero no era necesario para esos fines, puesto que podían pagarse a su vez con otros fondos, y de ahí el cambio, que en cambio para el PP, principal partido de la oposición, delata una "falta total de previsión".

Hay varias consejerías afectadas por estas modificaciones, que constan en unos expedientes que fueron comunicados a la Mesa de la Junta la semana pasada y a los que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. El primero de ellos afecta a la Consejería de Presidencia, que dirige Gimena Llamedo. Dicho departamento tuvo que aumentar el crédito en 353.708 euros, quitándolo a su vez de una "partida de equipos para procesos de información".

El PP censura "la chapuza diaria y la falta de previsión" del Ejecutivo autonómico

El motivo es una sentencia condenatoria por una demanda de una empresa que obliga a pagar a la Administración asturiana 371.142 euros. Como el crédito inicialmente previsto para afrontar fallos judiciales era solo de 17.434 euros, el aumento fue el citado de 353.708.

Otros dos expedientes afectan a los Establecimientos Residenciales para Personas Mayores (ERA), que dependen de la Consejería de Derechos Sociales, de Marta del Arco. En el primero de ellos, consta un aumento del gasto de 337.614 euros para pagar varias denuncias, algunas por impagos a empresas. El dinero que se utilizó para hacer frente a esas partidas proviene de otra de "servicios contratados de alimentación". El otro expediente relativo al ERA contempla otro aumento de 33.045 euros, para pagar tres sentencias y una tasación de costas, y se quita de la partida anterior, la de "servicios contratados de alimentación".

El último documento afecta a la Consejería de Hacienda de Guillermo Sánchez, que afrontó otra sentencia por 47.757 euros, acudiendo a una partida de "construcciones".

A juicio de José Agustín Cuervas-Mons, diputado del PP y miembro de la Mesa de la Junta, estos expedientes "demuestran que el Gobierno de Adrián Barbón no solo se caracteriza por su proverbial atonía y falta de gestión, que está provocando que Asturias pierda oportunidades de futuro de continuo, sino que también es incapaz de realizar previsiones presupuestarias razonables que impidan daños colaterales a inversiones ya anunciadas". Según Cuervas-Mons, este modo de actuar "viene a confirmar la chapuza diaria de este Ejecutivo y la falta de la más mínima previsión".

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