La Autoridad Portuaria aprueba convertir la deuda de la Zalia en capital accionarial

Las instalaciones portuarias consiguen el sello de registro "Cálculo" para desarrollar su estrategia de sostenibilidad medioambiental

Vista general del puerto de Avilés. | Ricardo Solís

Vista general del puerto de Avilés. | Ricardo Solís / Marián Martínez

Marián Martínez

Marián Martínez

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés dio ayer luz verde a participar en la ampliación de capital mediante compensación de deudas de la sociedad Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia). Esto supone que incrementa su posición desde los 900.000 euros actuales, en otros 852.027,25 euros adicionales.

La operación aprobada ayer por la Autoridad Portuaria de Avilés supone, igual que para el resto de socios de la Zalia (Principado de Asturias, Ayuntamiento de Gijón y Autoridad Portuaria de Gijón), que la deuda se convierta en capital para su saneamiento financiero. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 3 de noviembre la ley por la que se autorizaba al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para la adquisición de una posición mayoritaria en la Zalia.

El consejo de administración de esta sociedad planteó en diciembre de 2022 realizar una ampliación de capital mediante la compensación de deudas. Es decir cada uno de los accionistas convierte el préstamo concedido a la Zalia en capital, de tal manera que cuando venzan los créditos no haya que devolverlos, sino que se convierten en acciones. Esta ampliación de capital no supondrá compromisos económicos adicionales para el puerto avilesino.

También ayer se conoció que la Autoridad Portuaria de Avilés ha recibido el sello "Cálculo" y se ha inscrito en el registro voluntario de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo es avanzar en un plan estratégico de sostenibilidad medioambiental y energética, y la certificación conseguida permite al Puerto obtener datos sobre las emisiones de CO2 y planificar distintas acciones para reducirlas, con una política que afectará al conjunto de operadores portuarios. Entre las medidas que se contemplan figuran, por ejemplo la adecuación de la flota de vehículos, la mejora de la eficiencia energética de los edificios, la optimización de consumos en iluminación y el desarrollo de energías renovables. El objetivo final es reducir un 75% las emisiones.

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