El juicio a los acusados del saqueo de la antigua Alcoa aún tardará un año en celebrarse

La instructora del caso del saqueo de las antiguas fábricas de aluminio que la multinacional Alcoa tenía en Avilés y en La Coruña, María Tardón, que es magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, se ha dado plazo hasta el próximo octubre para cerrar su investigación. Esto significa que el juicio a los acusados señalados como presuntos culpables de los delitos de estafa agravada, apropiación indebida, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores no se producirá antes de la segunda mitad del año próximo.

Los pasos que tiene que dar la juez instructora son terminar la instrucción para preparar posteriormente el auto de transformación a procedimiento abreviado. Entonces, la Fiscalía y las distintas acusaciones presentarán sus escritos correspondientes a los que contestarán las distintas defensas (el número de investigados pasa de la media docena, destacando en ella Víctor Rubén Domenech, que la mayor parte de las veces responde como David Domenech; su antigua pareja sentimental, Alexandra Camacho; el testaferro de ambos, Luis Losada; el abogado Francisco Javier de Bobadilla Lázaro y los responsables del fondo de capital suizo Parter Capital Group, el ciudadano alemán Rüdiger Terhorst –actualmente, en prisión acusado de haber cometido un delito similar, pero contra una histórica papelera francesa– y su antiguo mano derecha, el ex periodista Joachim Magin, que fue el que firmó el contrato de compraventa de las fábricas de aluminio de la multinacional Alcoa a Parter, a través de la sociedad Blue Motion.

Tras haber cumplido todos estos pasos, todavía quedará solicitar juicio oral en la propia Audiencia Nacional, que es una institución que atiende casos que desbordan territorios provinciales (corrupción y delitos de terrorismo, de manera subrayada).

Sin embargo, para que llegue ese momento, la magistrada Tardón tiene previsto todavía interrogar a dos abogadas empleadas en el bufete propiedad de Domenech, el principal encausado en la trama que dejó a Asturias sin producción de aluminio primario. La presencia de estas abogadas en la investigación se debe a que sus nombres salieron en los últimos interrogatorios efectuados hasta la fecha: a Luis Losada, el testaferro de Domenech y de su antigua expareja –Alexandra Camacho– y el abogado Francisco Javier de Bobadilla Lázaro, quien figuraba, precisamente, como único administrador del bufete que utilizaba Domenech en los movimientos que realizó durante el período en que gestionó las fábricas que terminaron inoperativas.

La investigación que lleva el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, el de María Tardón Olmos, se inició en diciembre de 2020, es decir, que este año cumplirá cuatro años. Y fue a propósito de la querella que había presentado la Confederación de Cuadros Profesionales a la que luego se adhirieron otros sindicatos y hasta el propio Estado, que busca que se le resarza por las subvenciones que había concedido. Como consecuencia de esta instrucción hubo una intervención judicial en las fábricas que luego fue administración judicial. Las fábricas cerraron, sus trabajadores despedidos y sus instalaciones, vendidas.

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