La Justicia anula la regulación de viviendas turísticas de Avilés

La sentencia rechaza que un decreto de Alcadía pueda limitar una materia propia del Plan General

TURISTAS CON MALETAS POR EL PARQUE DE EL MUELLE.

TURISTAS CON MALETAS POR EL PARQUE DE EL MUELLE. / Mara Villamuza

Saúl Fernández

Saúl Fernández

En octubre del año pasado, las concejalas de Licencias Urbanas y de Hacienda y Turismo, Sara Retuerto (CA) y Raquel Ruiz (PSOE), presentaron públicamente un decreto de la Alcaldía que contenía una regulación municipal de las viviendas turísticas en el municipio de Avilés. Esta semana pasada el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Oviedo la ha anulado. La portavoz de Vox en Avilés, Arancha Martínez Riola, había presentado la impugnación que el juez había admitido en su integridad.

Dice la sentencia que hay que "considerar la nulidad del acto administrativo" porque "se estaría regulando a través de una simple instrucción, aprobada por la Alcaldía, una materia que debería regular el plan general de ordenación urbana del municipio de Avilés". Esa instrucción, según la nota oficial del Ayuntamiento, resumía: "De ahora en adelante será necesario tramitar una declaración responsable para la apertura y puesta en marcha de apartamentos turísticos, alojamientos o viviendas de uso turístico, en cualquiera de sus formas".

"La Justicia nos ha dado la razón ante el despropósito que supone esta intentona de legislar por la puerta de atrás y sin tener el más mínimo respeto por los procedimientos que marca la ley para la regulación de las viviendas turísticas, que es a través del planeamiento urbanístico y no a golpe de decreto de Alcaldía, al más puro estilo autoritario y caciquil", señaló Arancha Martínez Riola. "El Ayuntamiento de Avilés ha cambiado a su antojo los procedimientos y la normativa en la declaración responsable a la que están sujetos los propietarios de las viviendas de uso turístico, al tiempo que de manera improvisada deciden qué zonas pueden tener este tipo de viviendas y cuales no, de manera irresponsable y arbitraria y causando un enorme agravio comparativo para los propietarios de viviendas en la periferia frente a los propietarios del centro de la ciudad a los que sí les permiten explotar sus viviendas".

Raquel Ruiz, la concejala de Hacienda y Turismo, explicó: "Lo que entendemos es que si queremos hacer un turismo más sostenible lo que no podemos es ir en contra de los derechos de los residentes". Y añadió: "Queremos ser una ciudad más atractiva, no solamente para el turista, si no también para que la gente también quiera venir a vivir a Avilés. Y para eso tiene que haber vivienda. Lo que queremos hacer es ese equilibrio. esta instrucción lo único que hacía era definir este tipo de actividades porque entendemos que es una actividad económica, una más, y concretar estas zonas".

Por su parte, Sara Retuerto, apostilló: "Nosotros presentamos una instrucción para regular el procedimiento de un drama que tenemos ahora mismo y en todo el Estado español que es la vivienda. Todo esto lo tenemos que regular desde los poderes públicos porque es nuestra obligación". Retuerto explicó que la anulación del decreto de la Alcaldía que presentó en rueda de prensa se debe a que "se mete en el procedimiento, no se mete en el fondo", en consecuencia, "desde el Ayuntamiento de Avilés, desde este gobierno, gobierno progresista y de izquierdas, tenemos un objetivo muy concreto que es proteger al residente y, por lo tanto, vamos a tirar para delante y vamos a apelar al Tribunal Superior de Justicia de Asturias".

Las dos concejalas señalaron, asimismo, que "Vox está en contra de esta y de cualquier otra regulación, como demostró en la Junta. Solo defienden el interés particular y les importa poco la convivencia y el interés general. Los dos objetivos irrenunciables para el gobierno de Avilés son, por un lado, regular una competencia desleal con las empresas que generan empleo y pagan impuestos y, por otro, preservar la convivencia en las comunidades de vecinos".

Tanto Retuerto como Ruiz consideran que la intención del decreto es "controlar un mercado que anula la capacidad pública para regular el turismo y la subida de precios para los vecinos ‘permanentes’ de las zonas turísticas y limita el mercado de alquiler con todas las consecuencias que eso tiene para la economía. Todo eso frente al enriquecimiento particular". Y concluyeron: "Vemos en muchos lugares que el alquiler se está tensionando, echando a los residentes de sus casas lo que conlleva que quien asume, en la mayoría de casos, el drama de la vivienda son los municipios con gente en la calle y teniendo que hacerse cargo los servicios sociales".

Vox, por el contrario, considera que ejerce "una oposición seria y responsable dispuesta a poner en valor los derechos de los ciudadanos".

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