A humo de pajas

Actuar a humo de pajas es una expresión que ya tiene muy poco uso y, sin embargo, define situaciones que se dan cada vez con más frecuencia en nuestra sociedad: realizar acciones impulsivas o sin considerar las consecuencias. Casi siempre estos calentones se limitan a excesos verbales, aunque hasta ahora estábamos acostumbrados a escucharlos solo en las barras de los bares y ya resulta habitual oír esos desafueros en el Parlamento o en boca de políticos de primer nivel. Aun así, hemos mejorado mucho, porque hace cien años en vez de lanzar insultos e injurias, lo que se lanzaban eran cartuchos de dinamita y el ardor verbal se reemplazaba por fuego real.

En noviembre de 1920, toda España, y Asturias en particular, vivía un momento especialmente convulso. Aquí, se venía arrastrando un conflicto en cuatro grupos de Duro Felguera al que se sumaron a mediados de mes cinco mil mineros de Hulleras de Turón por un motivo que no era el habitual: el apoyo a los oficinistas.

Como consecuencia de la I Guerra Mundial, las explotaciones se habían paralizado en casi toda Europa, lo que favorecía a las cuencas asturianas que estaban multiplicando su producción, pero este crecimiento salvaje trajo consigo unas contradicciones que nunca se habían conocido. Una de ellas era la diferencia salarial entre quienes se dedicaban a la explotación directa, con el resto de los empleados; de manera que un pinche adolescente podía cobrar más que un escribiente con un título mercantil acreditado. Además, los oficinistas también sufrían un segundo agravio porque la empresa les negaba el derecho a sindicarse.

Los afectados por esta situación a los que alguien denominó "proletariado de levita" decidieron entonces pedir el apoyo de las organizaciones mayoritarias en cada zona. En el Nalón, recurrieron a los anarcosindicalistas que los acogieron en el Centro Obrero "La Justicia" y, en Turón, fueron los socialistas del Sindicato Minero quienes los ampararon. Aquí, la decisión de huelga se tomó a mano alzada en una asamblea masiva y se dio la circunstancia de que no fue secundada por los vigilantes, ni por los mandos intermedios, pero sí por el resto de las categorías mineras, los comerciantes y los panaderos del valle, que fueron muy aplaudidos, porque también estaban inmersos en su propio conflicto.

Y es que, por todo el país, especialmente en las grandes capitales, se extendía una enorme tensión por los problemas relacionados con el consumo de pan, un producto sin el cual no se entendía la alimentación en aquellas décadas. El pan era fundamental para todos los hogares, tanto que su falta era equivalente al hambre, y el problema estaba en la petición de los tahoneros de conseguir los cien kilos de harina a 82 pesetas en vez de las 86 que venían pagando.

Esta carestía redundaba tanto en una disminución de las ganancias de los patronos como en despidos de trabajadores y la respuesta de cada región en el conflicto no era homogénea en todas las zonas, de manera que mientras en algunas provincias reinaba la tranquilidad, en Aragón y Cataluña, como venía siendo habitual desde el comienzo del siglo XX, el enfrentamiento entre los trabajadores con los empresarios y las autoridades, era apoyado por los anarquistas con actos violentos y en Zaragoza ya habían estallado dos bombas, sin que mediase ninguna reivindicación.

La situación, aunque menos extrema, también era muy tensa en Madrid: el día 25 de noviembre, el ministro de Gobernación, Gabino Bugallal, permaneció hasta las tres de la madrugada en su despacho intentando solucionar la huelga general convocada por los panaderos. En algunas tahonas ya estaban trabajado los militares acompañados por los propios patronos y sus familiares, pero aun así, la producción no alcanzaba los dos tercios de lo habitual.

El pan era entonces tan necesario que hasta el presidente Dato había tenido que dirigirse a los periodistas para explicarles cuál era la situación real y las gestiones que estaban realizando los ministros de Gobernación y de Fomento.

En Asturias, la zona alta del Nalón también vivía una oleada de atentados: por ejemplo, en Barredos (Laviana) las detonaciones eran habituales, con casos como el de Ovidio Fernández, un jefe que había llegado no hacía mucho a Coto Musel y cuya vivienda ya había sufrido los efectos de la dinamita en varias ocasiones, forzándolo a trasladarse al lado del cuartel de la Guardia Civil de la Pola. En una ocasión se había detenido a un sospechoso, pero la misma noche en que estaba encarcelado, volvió a explotar un petardo en la casa del jefe y tuvo que ser puesto en libertad, de manera que las autoridades empezaron a asumir que detrás de estos actos violentos se encontraba una organización fuerte.

En aquellos momentos, en el mismo Coto Musel se estaba planteando otra huelga para pedir el cese de un guarda de la empresa que acostumbraba a enfrentarse a los trabajadores y de unos vigilantes que en otros conflictos actuaban como esquiroles realizando labores que no les correspondían.

En cuanto a Madrid, ya estaban clausuradas 16 tahonas y habían sido despedidos el 80% de los trabajadores por exigir un contrato de trabajo colectivo, mientras los ciudadanos aguantaban largas colas para conseguir alguna de las raciones que elaboraban los esquiroles o que llegaban de los pueblos y se multiplicaban los incidentes en las calles. El viernes 26 de noviembre la prensa informaba de que lo peor estaba sucediendo en los barrios donde algunos grupos habían intentado asaltar las panaderías y a las cargas de fuerzas de caballería dejaban varios contusionados.

En la calle de San Marcos, habían saqueado un establecimiento llevándose todo el pan fabricado, incluyendo algunos sacos que ya estaban apartados para enviar a los hoteles; en Malasaña, los soldados del Regimiento de León que custodiaban otro despacho habían tenido que disparar al aire y protegían el lugar con la bayoneta calada y también en la plaza de La Cebada la multitud había hecho frente a una carga policial, resultando lesionada una mujer. Al mismo tiempo, algunos panaderos que intentaban sacar provecho de aquel caos vendiendo a precios abusivos, fueron detenidos.

Entre tanto, la Junta de Vecinos de Madrid publicó un manifiesto protestando porque el pan era malo y caro y una comisión se reunió con el gobernador para proponerle la creación de un somatén de subsistencias mientras una manifestación de mujeres y niños mostraba su apoyo frente al ministerio de Gobernación.

El día 27, se pusieron en funcionamiento 120 tahonas en Madrid bajo control militar; sin embargo, aunque solo se fabricaba para abastecer a los establecimientos de hostelería más afamados, lo que hizo que aumentasen los incidentes, con asaltos a camiones. Por fin, el último día del mes la situación empezó a mejorar, aunque se produjo un suceso doloroso, cuando una mujer que había pasado toda la noche en una cola para obtener unos bollos con su hijo en brazos se encontró con que este había muerto de frío.

Con ese escenario de fondo, también en La Felguera los panaderos de la empresa Granda y compañía se declararon en huelga por la negativa de los patronos a concederles algunas mejoras y después de quince días de paro, un vagón de paja que estaba preparado en la estación con destino a los hornos de la tahona, ardió hasta quedar reducido a cenizas.

Esta vez, la policía detuvo a cuatro sospechosos, entre ellos alguno que no era ni huelguista ni panadero, y los golpearon para que reconociesen su culpabilidad. Al saberlo, el Comité de la Federación Local de Sindicatos se reunió para elaborar un manifiesto del que se repartieron unos 3.000 ejemplares por la villa. La investigación condujo hasta la imprenta donde se habían imprimido ilegalmente y el impresor denunció al sindicalista Aquilino Moral, que al saber que lo buscaban viajó hasta Oviedo acompañado por algunos miembros del Comité para explicarse ante el gobernador militar, el general Bermúdez de Castro, quien para calmar la situación ordenó al comandante del puesto de la Guardia Civil de La Felguera que lo pusiera en libertad.

Por fin, la huelga general para la minería se declaró en Asturias el viernes 3 de diciembre; pocas horas más tarde el paro era absoluto y se estaba anunciando una convocatoria para toda España por tiempo indefinido.

Parecía que la situación no podía empeorar, pero ya se sabe que esto nunca puede asegurarse: en las semanas siguientes no cesaron ni los conflictos ni los atentados y tres meses más tarde, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato, fue abatido cuando circulaba en su coche oficial por la plaza de la Independencia de Madrid. Los autores fueron unos anarquistas que lo tirotearon desde una moto-sidecar, pero el mierense Jesús Ibáñez también fue detenido por estar implicado en esta acción cuando regresaba de la URSS. Aunque ese ya es otro asunto.

Suscríbete para seguir leyendo