El Gobierno aprobó ayer el Fondo de reserva de garantías para las empresas electrointensivas (con gran implantación en la economía asturiana) para favorecer los acuerdos bilaterales de energía con las compañías eléctricas a precios más atractivos. Esta medida (dotada con 600 millones para los próximos tres años) es "un primer paso", en expresión de la ministra portavoz, María Jesús Montero, previo a la aprobación del estatuto de las industrias electrointensivas, compañías con un elevado consumo de energía por unidad de producto y para las que una tarifa eléctrica competitiva es un factor crucial de supervivencia. Según Montero, el Gobierno aprobará "en las próximas semanas" el estatuto, una medida reclamada y urgida por el sector como perentoria.
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) señaló que el Fondo de reserva de garantías para las entidades electrointensivas "puede ayudar a algunas empresas" pero "no servirá para reducir a corto plazo el diferencial de precio con los principales competidores", por lo que apremió a compensar ya los costes indirectos a la industria por la emisión del CO2 en su cuantía máxima (275 millones), aprobar con carácter inmediato una subasta de contratos de interrumpibilidad para el segundo semestre con 2.000 megavatios de potencia, y mejorar el proyecto del estatuto electrointensivo con las alegaciones propuestas por AEGE. El último borrador conocido beneficiaba a empresas electrointensivas menos acuciadas por el coste energético mientras que no resolvía, según el sector, el de las electrointensivas clásicas, a las que se pide que se les reconozca de forma diferenciada como hiperelectrointensivas. Una proposición no de ley del Partido Regionalista Cántabro, que recogió el sentir de los Gobierno cántabro, asturiano y gallego para que se atiendan las alegaciones de estas industrias, fue respaldada en el Congreso de los diputados por una mayoría abrumadora.
En medios del sector se da por seguro que el mes próximo el Gobierno se reunirá con la industria, pero la incertidumbre sobre el diseño definitivo del estatuto permanece.
Lo que ayer aprobó el consejo de ministros extraordinario supone movilizar 200 millones anuales durante tres ejercicios para que la industria electrointensiva pueda establecer acuerdos bilaterales de compra y venta de energía renovable (los llamados contratos PPA) que garanticen un precio atractivo al comercializador y a la vez competitivo para el consumidor. La industria española se queja de soportar tarifas eléctricas superiores a las de los competidores de países comparables. A partir del tercer año la dotación del fondo se decidirá en los presupuestos generales del Estado. "El problema mayor sigue siendo los precios que nos ofertan a un horizonte largo. Necesitamos precios competitivos asociados al coste medio de generación", dijo Fernando Soto, director general de AEGE.
La ministra portavoz admitió en la comparecencia posterior al consejo de ministros que el coste de la energía es "un factor relevante de localización industrial y de competitividad", pero indicó que en este momento el coste eléctrico "no es un problema porque ha bajado a niveles históricas". Los PPA y el Fondo permitirá, indicó, "generar seguridad, garantizando contratos" beneficiarios para las dos partes y que contribuyan a "promover las energías limpias".
El sector hiperelectrointensivo, integrado en Asturias por la siderurgia, otras metalurgias no férricas (cinc y aluminio) y plantas de gases industriales, cemento y cerámica, juzga la decisión gubernamental de ayer como una medida correcta pero muy insuficiente para resolver el lastre del alto coste energético que padece la industria.
