Duro Felguera lleva dos años negociando sin éxito con la banca la liberación de avales y la reestructuración de su deuda para salir de su delicada situación financiera. Las entidades acreedoras no han accedido hasta ahora a dar su apoyo porque Duro no ha conseguido dar entrada a nuevos inversores. Esa es la principal condición que exige la banca. Sin embargo, con la crisis del coronavirus, se ha abierto la puerta de la participación del Estado y la banca, sin dejar de reclamar la entrada de inversores, ve como un primer paso para dar oxígeno financiero a Duro la entrada en su capital de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Ante esa posibilidad, la dirección de Duro ha abierto varios frentes de negociación para tratar de acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de junio y que estará dotado inicialmente con 10.000 millones de euros. El fondo de rescate, que será gestionado por la SEPI, tiene como objetivo "aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial de empresas no financieras afectadas por la pandemia del covid-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional".

La presidenta de Duro, Rosa Aza, señaló que la compañía cumple con los requisitos para acogerse al rescate porque antes de la pandemia no estaba en crisis (declaró un beneficio neto de 1,4 millones en 2019), porque es una compañía estratégica (incluso una de sus filiales, Epicom, trabaja para Defensa) y porque por su capacidad de arrastre se le puede considerar sistémica en Asturias.

La entrada de la SEPI podría ser un espaldarazo para recuperar la confianza de la banca. Con ella negocia ahora respaldo para obtener una línea de liquidez del ICO de 50 millones de euros. Y en paralelo, Duro sigue buscando un inversor. El empresario asturiano Blas Herrero se ha ofrecido en varias ocasiones pero no acepta someterse a un contrato de confidencialidad para acceder a los libros de la empresa. Duro exige que las propuestas se hagan por "el cauce normal" y que incluyan aportación de capital.

A las tensiones financieras se han sumado las organizativas. Esta semana la compañía despidió a Javier García Laza, adjunto al consejero delegado de Duro, y a Alfonso Gordon, director de recursos humanos, por "perdida de confianza". Los despidos se precipitaron después de que Duro encargara un análisis forense a una consultora tras detectar fugas de información que luego venían acompañadas de movimientos "extraños" en Bolsa. Laza y Gordon, junto a otros tres miembros del comité de dirección (formado por ocho personas) reaccionaron enviando una carta al consejo de Duro criticando con dureza la gestión del consejero delegado de la compañía, José María Orihuela.

A las críticas también se sumó el comité de empresa de Duro, que reclamó la dimisión de Orihuela. "Que apoyen a un parte del equipo directivo mientras critican al consejero delegado es un poco raro", reaccionó anteayer la presidenta de la compañía, Rosa Aza, que avaló la actuación de Orihuela. Esas declaraciones no han sentado bien al comité de empresa. "Lo que apoyamos es que una buena parte del comité de dirección plante cara al consejero delegado", señaló Rosa Estébanez, presidenta del comité de empresa, que añadió que Orihuela "no tiene la confianza ni de los clientes, ni de los bancos, ni de los proveedores, ni de los trabajadores de la empresa". Además, Estébanez criticó que la cúpula de la empresa "vea con normalidad" que se requisen móviles y ordenadores de los directivos para investigar las posibles filtraciones.