FADE "apoya y suscribe" el manifiesto de Cepyme contra el "intervencionismo"

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) suscribe el "Manifiesto de la pequeña y mediana empresa española", un documento sin precedentes impulsado por la confederación Cepyme (integrada en la patronal nacional CEOE) en el que se denuncia el "intervencionismo" del Gobierno y un "hostigamiento" hacia la actividad empresarial.

El documento fue presentado el miércoles en Madrid en la asamblea de Cepyme, a la que no asistió ningún miembro del Ejecutivo. Fuentes de FADE señalaron ayer que la patronal asturiana, presidida por María Calvo, "apoya y suscribe" el documento, que incluye entre los principales puntos:

Cese de la estigmatización.

Cepyme reclama que "cese la estigmatización del empresario", al cual se le analiza "a partir de estereotipos negativos". Según la organización presidida por Gerardo Cuerva, la empresa "es utilizada como un instrumento de polarización política". La patronal afirma que "el objetivo de las empresas es obtener beneficios" y que ello no debe ser motivo de vergüenza, ya que "enriquecen a toda la sociedad: sus empleados no temen perder su trabajo, sus acreedores no dilatan sus cobros, sus clientes pueden seguir contando con los bienes de su preferencia, el Gobierno recauda más impuestos para financiar los servicios públicos y los accionistas perciben una compensación por el riesgo asumido".

Sobrerregulación.

El manifiesto exige al Gobierno que "renuncie a su política persecutoria e incriminatoria hacia el empresario", argumentando que en los últimos años se ha aprobado una "avalancha normativa" basada en una "desconfianza infundada hacia el cumplimiento de las normas por parte del empresario". "La proliferación de registros, planes y protocolos obligatorios carece de eficacia probada y supone una gran carga y coste burocrático para las pymes", sobre todo "las de menor tamaño".

Negociación colectiva.

La organización pide "respeto" al "diálogo bipartito" entre empresarios y sindicatos, el cual "se cimienta en las cerca de 5.000 mesas de negociación colectiva existentes". Según Cepyme, esas conversaciones "deben ser respetadas sin la injerencia unilateral del Gobierno", el cual debe "despolitizar el diálogo social". "Reformar sin consenso la estructura de la negociación colectiva y modificar la prevalencia de los convenios, dándola a los autonómicos y provinciales, no solo es un menosprecio, sino que ignora las dificultades de las empresas para operar en un mercado cada vez más fragmentado", reprocha la patronal.

Flexibilidad interna.

El documento también reclama que el Gobierno no intervenga en el "funcionamiento interno de la empresa y que se garantice su flexibilidad". "Dictar el funcionamiento interno de las empresas desde la esfera gubernamental supone vulnerar los derechos de propiedad, encorsetar las decisiones y la capacidad de respuesta a un entorno en cambio constante", afirma Cepyme, que pone como ejemplo la regulación del despido: "Encarecer el coste del despido, ampliar las causas de nulidad e introducir incertidumbre en su tramitación alargando los plazos son malas soluciones por la que apuesta el Gobierno a un problema que solo ha creado él".

Salarios.

También critica Cepyme la intervención del Ejecutivo en materia salarial: "La aprobación de una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) superior al 60% en los últimos años, mientras la productividad por ocupado caía, ignorando su impacto en los sectores afectados, junto al incesante incremento de cotizaciones sociales y a la reducción del tiempo del trabajo sin reducción del salario, suponen una desvirtuación de la negociación salarial bipartita, anulando convenios y acuerdos firmados". Cepyme sostiene que las alzas salariales "deben ligarse a la productividad".

Fiscalidad.

El texto subraya que las cotizaciones sociales españolas son las terceras más altas de la UE y reclama que el problema de sostenibilidad de las pensiones "no recaiga únicamente en las empresas" Cepyme indica que en España las compañías aportan un 32,4% de la recaudación fiscal, frente a un 25,8% de la media en la UE, y critica los nuevos tributos medioambientales por su carácter "puramente recaudatorio". "Reclamamos un proyecto económico a largo plazo en España que tenga reflejo en unos presupuestos con un espíritu plurianual frente a las actuales dinámicas en las que pesan más los apoyos políticos puntuales y las medidas cortoplacistas", exige Cepyme.

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