El Gobierno acerca posturas con el PP para el reparto de migrantes y acepta dejarlo en manos de las CCAA

La reforma de la ley de extranjería quedará en manos de las comunidades autónomas. El PP no se ha opuesto a la modificación legislativa para obligar a las comunidades autónomas a la acogida de migrantes menores que llegan a la frontera sur, especialmente Canarias, planteando solamente diferencias de “matices”, pero sí ha vinculado su apoyo a la reforma al consenso entre las comunidades autónomas. Un guante que ha recogido el Ejecutivo, además de garantizar una "financiación suficiente" como han exigido, por lo que someterá el texto al “análisis y enriquecimiento” de las comunidades autónomas en una conferencia sectorial entre la próxima semana y la siguiente.

La reunión celebrada este mediodía entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de canarias, Fernando Clavijo, con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y la responsable de inmigración, Ana Alós, ha cerrado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios y el único rechazo a la medida de Vox. De ahí que Clavijo, quien preside un gobierno de coalición con el PP, haya calificado como “un paso importante” y valorado “positivamente” el resultado de estos encuentros.

El Gobierno reconoce que se dan las "condiciones" para otros acuerdos con el PP tras pactar el CGPJ

Desde el Ejecutivo destacan también el ánimo “constructivo” de los populares y confían en un aval de las comunidades autónomas porque el texto recoge los consensos de la última conferencia sectorial de 2022. Sin embargo, entonces el reparto no era obligatorio, sino voluntario, y los presidentes autonómicos eran mayoritariamente socialistas. Ahora, además, Vox forma de varios gobiernos de coalición con el PP y ya ha amenazado con romperlos si pactan reformar la ley.

Aunque el texto pasará por la conferencia sectorial y volverá a presentarse a los grupos parlamentarios con posibles modificaciones, el calendario para su aprobación sigue siendo el mismo. El objetivo es aprobarlo "antes de verano" para descargar la presión migratoria en las costas canarias. Se haría vía decreto o a través de una proposición de ley con carácter urgente y en lectura única.

Presión de Vox

Con la pelota en las comunidades autónomas y la presión del partido de Santiago Abascal a sus socios, el acuerdo no parece fácil. Desde el Gobierno siguen insistiendo en que no lo llevarán a cabo si no es con el acuerdo del PP. Los populares gobiernan en once comunidades autónomas y para este reparto se precisa de su colaboración activa. Además, se quiere asegurar que ninguna administración autonómica presente algún tipo de recurso de inconstitucionalidad por el encaje de competencias.

 A la espera de la posición que adopten los presidentes autonómicos del PP, el Ejecutivo ha comprometido con los populares a incluir sus aportaciones al texto en materia de financiación y las relativas al mecanismo de la declaración de emergencia. Desde el Gobierno son optimistas tras esta ronda de contactos y ante las dudas de algunas comunidades por las presiones de Vox, confían en que actúen de contrapeso las posiciones del PP de Canarias o de Andalucía.  

Tras el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre el Gobierno y el PP, desde Moncloa alientan la posibilidad de llegar a nuevos entendimientos entre los dos grandes partidos. Un optimismo, sin embargo, que choca con las advertencias del propio Alberto Núñez Feijóo, quien subrayaba tras el acuerdo su escepticismo sobre que el acuerdo empuje "otro clima" en las relaciones entre PSOE y PP.