Manuel Domínguez, vicepresidente canario: "El problema de la inmigración no se arreglará hasta que cambie el Gobierno de España"

El mismo día que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hacía de ‘policía bueno’ y junto al ministro socialista Ángel Víctor Torres intentaba convencer a los grupos parlamentarios de las Cortes para que apoyen la reforma urgente del artículo 35 de la ley de extranjería, el vicepresidente Manuel Domínguez adoptó el papel de ‘policía malo’ en el Parlamento y puso el punto de mira de forma directa en el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez: "el problema de la inmigración no se arreglará hasta que cambie el Gobierno de España".

"Pedro Sánchez está de rodillas ante Marruecos y por eso ha habido un bajo nivel de cumplimiento del Pacto Canario de Inmigración, sobre todo en su artículo 3, en el que se pide a España que aplique una verdadera política migratoria que acabara con la descoordinación", insistió Domínguez.

Este discurso del ‘número dos’ al criticar la falta de una política de España en inmigración que hubiera previsto con eficacia el aumento del flujo migratorio iniciado el pasado año y ayudado a las Islas a paliar con medios humanos, presupuestarios y materiales sus efectos, fue compartido por la totalidad de los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI): "Canarias está sola".

Un discurso que fue rechazado por las socialistas Nira Fierro y Elena Máñez, que insistieron durante sus respectivas intervenciones en que será el PP quien abandone a Canarias a su suerte si los 137 diputados conservadores en el Congreso no apoyan la reforma legal que permita el reparto obligatorio entre todas las autonomías de los menores inmigrantes no acompañados que tutela la Comunidad Autónoma. Ambas garantizaron el apoyo de las 120 señorías socialistas que tienen escaño en la madrileña Carrera de San Jerónimo y acusaron a Domínguez, que además de vicepresidente es el máximo dirigente del PP canario, de "no arrimar el hombro y colaborar" al no haber intentado "convencer" a los presidentes autonómicos de su partido para que asuman el texto acordado entre los gobiernos de Canarias y España y que respaldan en las Islas todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox.

"Lo único a lo que se ha dedicado es, siendo vicepresidente, a contradecir a su presidente y a usted mismo", resumió Fierro.

En tono más conciliador que Domínguez, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, también puso sobre la mesa el hecho de que Canarias ha tenido que afrontar en solitario la habilitación de 80 centros para acoger menores, que ya están "sobreocupados" y la negativa hasta por dos veces del Ministerio de Defensa a ceder instalaciones en las islas de El Hierro, La Gomera o La Palma.

Una soledad en la acogida que supone un déficit financiero para la Comunidad Autónoma de 86 millones que puede llegar a 180 si, como apuntan todas las previsiones, a las Islas arriban 10.000 niñas y niños más hasta final de año a través de una ruta migratoria en la que mueren 33 personas al día, una cada 45 minutos.

"Hemos ultimado un acuerdo que podría haber sido mejor, pero se ha llegado a un término medio, seguimos apostando por un decreto ley, pero si es con una ley, que llegue ya. El futuro de esos menores lo deciden el Gobierno de España y los grupos del Congreso". 

En lo único en lo que se pusieron de acuerdo todos los grupos fue en rechazar de forma contundente el discurso xenófobo de la diputada de Vox Marta Gómez: "sus políticas buenistas les convierten en culpables de todas esas muertes y de arrebatar a los menores de sus familias, y lo que les debería quitar el sueño es destinar dinero a la migración ilegal cuando el 43% de los menores canarios está en riesgo de exclusión social".

"Lo que a mí me quita el sueño es que la extrema derecha tenga representación en este Parlamento", resumió la nacionalista Jana González.

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