IU promueve un pacto por el vial de Jove ante "la prepotencia y el desprecio de la Ministra a Gijón"

"La actitud de la ministra es absolutamente intolerable. Tiene una prepotencia y un desprecio difícil de encontrar. Ni se ha dignado a recibir al órgano más representativo de la decimoquinta ciudad de España". Aurelio Martín, portavoz municipal de IU y edil de Movilidad en el gobierno local liderado por el PSOE, no se anduvo ayer con paños calientes a la hora de calificar el silencio de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a las exigencias de Gijón de licitar el vial de Jove. Una de las obras prioritarias que tiene la ciudad en lista de espera desde hace dos décadas y que se había comprometido desde el actual Gobierno de España, del PSOE y Unidas Podemos, con una partida para su licitación en los presupuestos generales de este ejercicio.

No solo no se ha hecho aún la licitación sino que Raquel Sánchez lleva tres meses sin responder a la petición que se le hizo por escrito desde Gijón para que recibiera a una delegación del Consejo Social que le quería explicar la trascendencia de la obra para el puerto de El Musel y el barrio de La Calzada, pero también para todo Gijón y el resto de Asturias. Trascendencia por su importancia para el desarrollo económico local, pero también para la mejora de la salud pública y la calidad de vida del vecindario.

Llegados a este punto, Martín entiende que toca "elevar el tono" de la reivindicación gijonesa y planteará que de la sesión plenaria de la semana que viene, la última ordinaria de este mandato, salga una declaración institucional de la Corporación en favor de esa reunión, pero "sobre todo de que se licite el vial de Jove antes del 28 de mayo". "Es un problema de credibilidad política. El tiempo pasa y los compromisos no se cumplen. No solo no hay licitación sino que la ministra se permite el lujo de no recibir al Consejo Social", dijo.

La Corporación gijonesa ya aprobó por unanimidad en octubre del año pasado una declaración institucional en favor del vial de Jove. Tras aquel movimiento, llegó una reunión del Consejo Social –órgano donde tienen cabida todos los representantes de la sociedad civil de la ciudad– que asumió los principios de esa reivindicación y la exigencia de la licitación de la obra antes de mayo. Fue el Consejo Social quien encargó a la alcaldesa, la socialista Ana González, que enviara a la ministra una misiva comunicando el interés de una reunión en Madrid. En aquella carta, que se envió a principios de enero, la Alcaldesa reprochaba falta de voluntad política del Gobierno de España con esta obra gijonesa y urgía su licitación para acabar con la preocupación de que "podamos perderlo todo y retrotraernos al oscuro túnel del pasado".

Llegados a este punto, desde IU se entiende que toca actuar. No vale esperar más. Aurelio Martín urgió esa licitación en base a dos argumentos: la posibilidad de aprovechar los fondos europeos que ahora mismo hay para la descarbonización y la situación de relajo de las reglas fiscales que permiten ahora mismo a las administraciones tener una mayor capacidad de gasto y que "más pronto que tarde" se acabarán.

Votar en conciencia

"Hay que aprovechar estas circunstancias y aumentar el nivel de exigencia. Si es necesario, con un tono de reivindicación. El Gobierno de España debe comprometerse antes del 28 de mayo porque luego las cosas pueden ir a peor", remató Martín. Que esa sea la fecha de las elecciones no es baladí en la reflexión del edil de Izquierda Unida. "Que los ciudadanos valoren los compromisos reales y efectivos de los gobiernos con esta ciudad y puedan votar en conciencia", concretó el concejal.

La idea del portavoz de IU es consensuar una declaración institucional entre todos los partidos de la Corporación para que la propuesta tenga mayor fuerza que si fuera una iniciativa concreta de un grupo municipal. "No dudo de la firmeza de la Alcaldesa en este asunto pero ahora debe ir acompañada de todos los grupos políticos y la sociedad", remató Martín. La última notificación oficial del Ministerio sobre la obra era que se estaba desarrollando una actualización de precios para ajustar el coste, estimado en 227,5 millones en el proyecto aprobado, a la realidad del mercado actual. La opción a esta nueva declaración institucional y las condiciones del texto que llegue al Pleno se analizarán en la Junta de Portavoces convocada para el lunes que viene.

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