Igualdad y Laicidad, en periodo de alegaciones, rematan el nuevo marco normativo municipal

Abiertas hasta el mes de julio a las alegaciones de la ciudadanía y, luego, a una aprobación definitiva en Pleno cuyo devenir corresponderá ya a la próxima Corporación quedan la ordenanza de igualdad entre mujeres y hombres y el reglamento de laicidad municipal. Dos documentos que cierran un mandato municipal que deja un importante legado de nuevas normativas municipales. No todas del gusto de todos los partidos.

La pandemia que Gijón sufrió como el resto del mundo y el ciberataque que luego complicó ya de manera más concreta la actividad municipal local impidieron, entre otros causas, cumplir todo lo fijado en los planes anuales normativos aprobados por la Junta de Gobierno. En todo caso el reciente informe de la Secretaría General sobre el grado de cumplimiento de los planes normativos lo fija en casi el 70% con la consideración de "alto grado de ejecución" teniendo en cuenta esos problemas "de fuerza mayor". Hay otra ordenanza, la de prestaciones sociales, que también queda encauzada pero solo en fase de proyecto. Así la aprobó la Junta de Gobierno en su última sesión del mandato compartido por PSOE e IU bajo el liderazgo de Ana González.

Entre los cambios normativos más importantes que se han desarrollado a lo largo de estos cuatro años están los que tienen que ver con el propio funcionamiento interno del Ayuntamiento, ya que en 2020 entró en vigor el nuevo reglamento orgánico del Pleno y en 2021 el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico del Ayuntamiento, además del reglamento de la Asesoría Jurídica.

A este paquete de reglamentos se suman otros que han buscado ordenar la creación de nuevos espacios de participación. Son los reglamentos de los consejos sectoriales de Movilidad Sostenible, Cultura, Memoria Democrática y Protección y Bienestar Animal. A ese listado se incorporó también la ordenanza general de subvenciones, vigente desde el pasado mes de marzo, que fija las condiciones de reparto de millones de euros. La mayor parte de estas nuevas normas vieron la luz en la comisión de reglamentos y desde el consenso de todos los partidos.

Aunque no todo fueron unanimidades y consensos. En los tribunales está la ordenanza de movilidad, efectiva desde 2021 y a la que PP y Foro plantaron batalla judicial con un triunfo en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por cuestiones formales. El equipo de gobierno elevó un recurso ante el Supremo. Ha sido una de las normas más polémicas de este mandato. Una polémica que también se ha dejado sentir en el proceso de tramitación del reglamento de laicidad.

Hay cambios normativos que se preveían ya rematados y solo han quedado como proyectos. El ejemplo más importante es la ordenanza de prestaciones sociales que regula la tipología de las ayudas que se conceden desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales y sus procedimientos y beneficiarios. A la concejalía de Bienestar Social también le han quedado pendientes –ni siquiera se llegaron a abrir los expedientes– las ordenanzas de igualdad de trato y de ayuda a domicilio. La primera se planteó como complementaria a la de igualdad entre mujeres y hombres, de ahí su demora.

A medio camino se ha quedado también la ordenanza de protección contra la contaminación acústica. Llegaron a hacerse dos consultas ciudadanas antes de decidir poner el freno a la espera de un cambio legislativo estatal. Tampoco se ha concluido la tramitación de la ordenanza de salud animal. El listado de asuntos pendientes deja tres reglamentos que no pasaron de incluir su nombre en el Plan Normativo Anual: el de Policía Local, el del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y el orgánico de Participación Ciudadana. Este último reglamento quedó pendiente de la propuesta de modelo de participación ciudadana que se impulsó en el marco de la elaboración de la Agenda Urbana de la ciudad.