Habla la familia de pastelería La Suiza tras la sentencia del Supremo contra los seis sindicalistas que hostigaron al dueño: "Se ha hecho justicia"

El Tribunal Supremo ha rechazado íntegramente los recursos interpuestos por los seis sindicalistas condenados por hostigar al dueño de la pastelería La Suiza, ubicada en la avenida de Schulz, en 2017, una medida de presión que abocó al cierre del negocio familiar. El Alto Tribunal, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, confirma de esta forma los tres años y seis meses de cárcel impuestos a cada uno de los implicados. En esta causa O. P. R.; R. B C. C.; H. A. G. P.; B. G. P.; J. C. C. y C. B. T. han sido condenadas por un delito de coacciones graves y otro contra la administración de justicia y a indemnizar con 125.428 euros a la familia afectada por daños morales y los perjuicios económicos originados. "Después de siete años se ha hecho justicia. Ha sido un proceso largo, duro, costoso económicamente, emocionalmente agotador, pero ha merecido la pena porque la sentencia ya es firme, despejada cualquier duda jurídica y sienta una base para el futuro. Estos hechos ya no se podrán producir, como nos ocurrió a nosotros, al haber ya una jurisprudencia sentada por el Supremo que cualquier juez de España podrá aplicar desde el minuto uno que reciba una denuncia con hechos similares", valoró ayer la familia de la pastelería La Suiza

Tanto el Tribunal Supremo como primero la Audiencia Provincial, ratifica los hechos probados de la sentencia de primera instancia, de hasta 125 folios. Todo el conflicto de La Suiza surgió a raíz en un incidente entre la pareja sentimental de la empleada condenada y el dueño del negocio. El hombre llegó "muy alterado" al local en julio de 2015, y tras dirigirse a voces al propietario "propinó un puñetazo a un congelador del local causando desperfectos". Tras ese incidente, que acabó en juicio, la empleada, entonces embarazada, cogió la baja laboral y contactó con la CNT. Lo hizo con un doble objetivo: "obtener el mayor dinero posible de la extinción por ella pretendida de su relación laboral con La Suiza y evitar la acusación" contra su pareja por los daños causados. Tras varias reuniones con representantes del sindicato, acordaron "iniciar una campaña de presión contra el dueño de La Suiza y su familia con el objeto de que cediera a las pretensiones económicas de su empleada".

Conflicto en el local

Desde la CNT comenzaron a difundir vídeos y a pegar carteles por toda la ciudad en contra del pastelero, acusándole de acoso laboral y sexual a esta trabajadora y de llevar a cabo prácticas esclavistas con la empleada (todas esas causas fueron archivadas sin poder demostrar nada contra el pastelero). El objetivo era que accediese a las pretensiones de la CNT y la trabajadora: pagar 6.039 euros y que retirase la acusación contra el novio por los daños causados en el negocio. El pastelero se negó y desde el sindicato, "orquestado por los acusados, cuando con su participación directa, se practicaron varias concentraciones delante del negocio". Entre el 9 de mayo y el 19 de septiembre de 2017 se llevaron a cabo doce escraches a la puerta del negocio –algunos con hasta 60 personas– que, además de sus proclamas y pancartas, trataban de interferir en funcionamiento del negocio. El del 19 de septiembre fue el último escrache "al haber conseguido uno de sus objetivos", es decir, el cierre de La Suiza.

Esas concentraciones "generaron un clima insostenible de inquietud, intranquilidad e inseguridad no solo al empresario y su familia, sino también a las demás personas que trabajaban en la pastelería, así como a la clientela, que debido a las numerosas molestias que se les ocasionaba cuando acudían al local, algunos de cuyos clientes incluso fueron increpados por los concentrados". Rematan los hechos probados que el cierre del negocio "fue la consecuencia directa de la presión constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones que se realizaron como respuesta a no haber accedido a las pretensiones económicas de los acusados y de no haber retirado ni modificado la acusación contra el compañero sentimental".

Las sentencias condenatorias se fueron sucediendo contra los procesados. Dos de los implicados quedaron absueltos en el primer recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial. Los otros seis procesados continuaron litigando hasta el Tribunal Supremo que ahora rechaza íntegramente todos sus argumentos al entender que las acciones llevadas a cabo por ellos constituyen "una actuación coercitiva que está lejos de suponer una manifestación del ejercicio del derecho sindical, así como del de expresión por parte de los recurrentes". "No se trata en una actuación dirigida a postular la protección de los derechos laborales de un trabajador, sino de impedir el libre ejercicio de los derechos que tenía en este caso la persona que es acosada y a la que se impide el libre ejercicio de su actividad diaria en su comercio, como resulta de los hechos probados, siendo tan grave el acoso y presión ejercida que concluyó con el cierre del negocio", resuelven, por unanimidad, los magistrados del Supremo.