La zona de bajas emisiones de La Calzada, con cuatro niveles de restricciones por polución

Este miércoles el Ayuntamiento cierra el proceso de consulta previa que sobre la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada –la primera de Gijón– estaba activa para recoger opiniones y sugerencias de los ciudadanos de cara a desarrollar la ordenanza que la regule. La previsión de la concejalía de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, que encabeza el edil forista Pelayo Barcia, es que una vez revisadas esas aportaciones se ponga sobre la mesa el borrador de ordenanza. Algo que se espera que ocurra este mismo mes de julio. Un borrador sobre el que se abrirá otro proceso participativo que incluye su debate en el consejo sectorial de Movilidad y reuniones específicas con alguno de los colectivos que puedan verse más directamente afectados por las restricciones a la circulación y estacionamiento que se establezcan en esa ordenanza. El diseño de esta normativa ya está muy avanzado en su articulado general. Queda que se concreten los anexos, que es donde verdaderamente se fijan las condiciones de regulación de la ZBE en La Calzada. Ahora mismo en la concejalía se trabaja con la idea de crear cuatro niveles distintos de restricciones al tráfico que estarían vinculados a los diferentes niveles que se fijan en los protocolos por episodios de contaminación. Hay que recordar que la zona oeste de Gijón tiene su propio plan de calidad del aire pactado por Ayuntamiento y Principado y, con él, su propio protocolo con las medidas a tomar en cada caso según se active un nivel u otro por polución.

El protocolo de contaminación se organiza en tres niveles de activación en base a los cuales se definen distintas medidas a aplicar en los ámbitos de la información, el tráfico y la industria de la zona. Son el nivel 0 o preventivo, el nivel 1 o de aviso y el nivel 2 o de alarma. En la concejalía de Tráfico se plantea incorporar a la ordenanza un cuarto nivel, que sería previo a estos tres escenarios, y que tendría la simple condición de informativo. Sin ninguna restricción ni obligación que afectase a los conductores más allá de tenerlos informados de qué es una ZBE y de su existencia en La Calzada.

Las limitaciones en cada estadio de la regulación del tráfico se vinculan al protocolo de contaminación

Y en esos anexos es donde también debe quedar claro el compromiso político –ya consensuado en el Consejo de Movilidad con el anterior equipo de gobierno y que se verá ratificado por el actual a través de esta ordenanza– de que no habrá sanciones dentro de la ZBE de La Calzada mientras no haya una alternativa al tráfico de camiones que pasa por el barrio. Alternativa que desde Gijón siempre se vincula al desarrollo del vial de Jove en su propuesta inicial de ruta soterrada. En estos momentos, y tras frenarse el contrato en marcha para ejecutarlo en esas condiciones, se está a la espera de que el Ministerio de Transportes presente una alternativa que sea satisfactoria para los intereses de Gijón y de su movimiento ciudadano, que lidera en la calle las protestas en contra de un vial de Jove en superficie.

En cuanto a la participación ciudadana en el proceso de elaboración de la ordenanza reguladora de la ZBE, el espacio principal de debate será el consejo sectorial de Movilidad, que se constituyó el pasado febrero. En él tienen cabida, además de todos los grupos políticos de la Corporación y representantes de varios servicios y entidades municipales, el Principado de Asturias, la Delegación del Gobierno, asociaciones vinculadas con la movilidad sostenible, los colegios profesionales de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el sector del taxi, representación de la FADE de los sectores de mercancías, viajeros, comercio y hostelería y turismo, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Federación Vecinal, el consejo sectorial de Medio Ambiente y el Conseyu de la Mocedá de Xixón. Hay que recordar que las decisiones de los consejos sectoriales no son vinculantes.

Al margen de las mejoras que sobre el borrador de ordenanza puedan aportar las entidades del consejo, la concejalía quiere abrir una ronda de contactos con otros colectivos. Fundamentalmente aquellos donde hay un uso del vehículo a nivel profesional y que pueda verse negativamente afectado por las restricciones de acceso y aparcamiento en la zona. La intención es no olvidarse de nadie a la hora de concretar quién sí puede entrar en La Calzada. Todo ello para hacer una ordenanza lo más completa posible y que, tras su aprobación inicial, encarará el procesión oficial de alegaciones.

La ley obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones. Su ejecución en La Calzada se vincula a su financiación con fondos europeos y, tras una paralización de los contratos que le deban soporte, la obligación es tener el operativo terminado este año para que entre en funcionamiento el año que viene. Así se cumpliría con la ley y con los plazos de Europa. Al tiempo que se avanza en la elaboración de la ordenanza se dan pasos en la instalación de elementos técnicos: veinte cámaras de control de accesos, seis de control de aforos y flujos de circulación, 150 sensores de aparcamiento que irán soterrados bajo el pavimento, ochos sensores de medición de la calidad del aire, ocho sensores para cuantificar las emisiones de ruido y nueve paneles informativos.

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