El Ayuntamiento de Gijón ahorrará 1,2 millones en la factura por recaudación de impuestos

Ahorrar es uno de los verbos que a la concejalía de Hacienda que lidera la forista María Mitre más le gusta conjugar. Y en la búsqueda de ámbitos donde ahorrar Mitre y su equipo encontraron margen de maniobra en el convenio que mantiene el Ayuntamiento con el ente público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, al que desde finales de los años noventa lleva encomendando Gijón la recaudación de sus impuestos municipales. A petición del Ayuntamiento se ha negociado con el ente público una reformulación del convenio que le supondrá a las arcas municipales rebajar casi un 30% la factura que pagan ahora mismo por ese servicio. Es un ahorro de 1,2 millones de euros anuales. Un dinero que se libera y permitirá al equipo de gobierno poderlo dedicar a otras iniciativas. Necesidades no faltan. Ideas, tampoco.

Pero el acuerdo alcanzado, y donde ha tenido mucho peso la propuesta municipal aceptada en gran parte por la entidad del Principado, tiene un impacto que va más allá del ahorro concreto que logra el Ayuntamiento de Gijón. En paralelo al convenio que se firme con el Ayuntamiento habrá otros que se firmen con las empresas municipales de Aguas (EMA) y Medio Ambiente Urbano (Emulsa) para el cobro de sus recibos por vía ejecutiva. Se trata de la primera vez que el ente tributario asume ese tipo de gestión para una empresa municipal. Esta novedad y las nuevas condiciones económicas negociadas con el Ayuntamiento abren desde Gijón un camino que puede ser transitado por otros municipios en su gestión de los tributos a través del ente público del Principado.

"Nos comprometimos a aplicar una gestión eficiente y moderna, con una base técnica que permita aprovechar al máximo los recursos y controlar el gasto. Un claro ejemplo es esta negociación con el ente tributario del Principado, al que agradezco su colaboración. Gijón tiene todas las herramientas para ser una referencia, solo hay que saber gestionarlas. La modernización del Ayuntamiento es ya una realidad cada vez más tangible y que tiene al ciudadano en el centro", explicaba sobre este asunto la concejala de Hacienda, María Mitre.

El expediente con la nueva delegación de competencias del Ayuntamiento a los Servicios Tributarios del Principado se incluye en el orden del día de la comisión de Hacienda convocada para este jueves. El nuevo convenio a firmar tendrá una vigencia de cuatro años con la posibilidad de prorrogarse otros cuatro años más. En el caso del Ayuntamiento la delegación se sigue haciendo para la gestión y recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (viñeta) y para la recaudación por vía ejecutiva de tributos y demás ingresos de derecho público no tributario. Se incluye como novedad la recaudación por vía ejecutiva de las deudas que mantengan terceros con juntas de compensación en las que la legislación urbanística indique que sea el Ayuntamiento quien debe cobrarlas.

El modelo gijonés

El alcance del acuerdo llega también a los organismos autónomos –fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y Patronato Deportivo– en cuanto a la recaudación por vía ejecutiva y, en el mismo contexto, a EMA y Emulsa en lo referido al suministro de agua y servicio de alcantarillado, la primera, y como responsable de los servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, la segunda. Son, por tanto, seis convenios a firmar con el ente público.

Hasta ahora la factura que para el Ayuntamiento suponía delegar ese trabajo en el ente del Principado alcanzaba los 4,2 millones. Tras la negociación esa cifra pasará a ser de unos tres millones. Aquí está ese ahorro de 1,2 millones que tan importante es para el equipo de Hacienda municipal. Hay que tener en cuenta que, anualmente, se tramitan unos 381.000 recibos por el pago de impuestos al Ayuntamiento de Gijón: la mayoría se corresponden con el IBI.

Las nuevas obligaciones económicas para el Ayuntamiento se concretan, en el periodo voluntario, en una cuantía fija de 2 euros por recibo a la que se añade una cuantía variable con un coeficiente de 0,006 por cada euro ingresado por el ente público por cuenta del Ayuntamiento. En el actual convenio lo que había eran comisiones del 3,3% en cada uno de los tres conceptos distintos relacionados con los cobros del IBI, el IAE y la viñeta.

En el denominado periodo ejecutivo en el nuevo convenio también se juega con la cuantía fija y la variable: la fija es de 4 euros y la variable tiene diferentes coeficientes según el tipo de recargo que se aplique, oscilando desde el 0,25 para el recargo ejecutivo del 5% y el 1,50 para multas y sanciones. En cuanto a las obligaciones económicas para el ente público se concretan en los anticipos que deben ir haciéndole al Ayuntamiento de los ingresos recaudados.

La idea es poder firmar el convenio a lo largo de este año con vigencia hasta 2028. Eso sí, el convenio especifica que las nuevas condiciones económicas para el Ayuntamiento serán aplicables a partir del 1 de enero de 2025. Hasta que acabe este año seguirán las suscritas en el convenio firmado el 14 de junio de 2021. Para el ente tributario era técnicamente imposible hacer el cambio dentro del mismo ejercicio económico que había empezado con las condiciones del anterior convenio.

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