Así que pasen 20 años. Mirando hacia atrás sin ira

El día 17 de junio de 2004 se reúne la Comisión de Selección de Director del IES Universidad Laboral. Está formada por su presidente, inspector adjunto a la Jefa de Inspección de la Consejería de Educación, por una profesora de Física y Química, hoy fallecida, que actúa como Secretaria, otros dos vocales nombrados por la Administración (una profesora con tareas en la Consejería y el entonces director de un Instituto de las cuencas mineras, hoy ganadero), más cuatro vocales en representación del Centro (tres profesores y una representante de la Asociación de Madres y Padres del IES). Antes del nombramiento de los representantes de Centro, los representantes de la Administración dicen haberse reunido y establecido, en solitario, las normas con las que van a actuar.

Tras el proceso, el 25 de junio la Comisión presenta un acta que se niegan a firmar los representantes del Centro. Dada la diferencia de méritos que hay entre los dos candidatos los representantes de la Administración han tenido que calificar con cero puntos todos y cada uno de los apartados a analizar del proyecto presentado por uno de ellos. Única forma de poder dar por ganador al otro. Yo soy el que recibe todos esos ceros. Entré como alumno en la Laboral en 1966 y como profesor en 1978. He recorrido muy diversos cargos en ella: profesor, Jefe de Talleres, jefe de Estudios adjunto, jefe de Departamento, jefe de Estudios… Estamos en 2004.

Recurro a los tribunales. El 29 de junio de 2005 se publica la sentencia. Tras un amplio desarrollo, afirma: “La irracionalidad de la puntuación otorgada por los representantes de la Administración al demandante (0 puntos) aparece como manifiesta si se tiene en cuenta que el baremo incluye elementos cuya valoración, sin llegar a ser totalmente reglada, admite márgenes de apreciación reducidos, como el punto II (conocimiento del Centro y del alumnado) o el punto VII (informe del Consejo Escolar) …”

La sentencia anula el proceso de selección y exige la retroacción del proceso administrativo.

Previamente el otro candidato (su equipo de apoyo) había intentado impugnar en arco amplio: desde a mí hasta a todos los miembros nombrados por el Centro para su representación (este intento de eliminación culminaba una payasada orquestada unas fechas antes: se presenta una denuncia por el director saliente afirmando que yo ¡he intentado matarle atropellándolo! La policía no le da crédito y el abogado del acusador retira la acusación. La Consejería de Educación se niega a investigar la falsa acusación).

Comienza aquí un largo proceso judicial. La Administración recurre estirando todos los plazos. Le interesa dilatar el tiempo.

El decreto 42/2006 de 25 de mayo modifica el IES Universidad Laboral separando de él el Centro Integrado de Formación Profesional.

El 27 de junio de 2006 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias desestima el recurso, declara la conformidad a derecho de la sentencia impugnada e impone las costas al apelante.

El 8 de marzo de 2007 se reúne de nuevo la comisión de evaluación y, corrigiendo la anterior resolución, me declara Director del IES Universidad Laboral. La Administración da por desaparecida la dirección en litigio y me indemniza.

Hasta aquí una muy reducida relación de los hechos. Su interpretación es compleja.

Yo había encabezado un movimiento en defensa de los Talleres de la Laboral ante la propuesta de destruirlos para convertirlos en Centro de Arte. Este periódico recogió muchas de nuestras justificaciones sobre la irracionalidad de la propuesta. Gracias a nuestras actuaciones se modificó en mucho el proyecto original y se salvó una parte importante de esos talleres. No éramos vistos con simpatía desde la Administración.

Resulta patente que la actuación de los cuatro juramentados de la administración no solo es irracional como indica la sentencia, sino que es manifiestamente delictiva: cuatro profesionales de la evaluación falsean unas calificaciones para dañar a un evaluado.

 Es complejo rastrear las motivaciones. Una de las conjuradas me había dicho el día de la evaluación (me la crucé en la puerta de la cafetería) que sentía lo que iba a hacer pero que era un compromiso con José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de Educación y su jefe directo.

Es indudable la participación de Riopedre en la conspiración. Pero es increíble que fuera una acción exclusivamente suya. La actuación de cuatro juramentados exige una base más amplia. El celo con el que el entonces responsable de personal, Arturo Verano, dificultó hasta el extremo el proceso resulta llamativo. El informe “detallado, minucioso y pleno de rigor técnico” donde los vocales designados por la Administración exponen sus razones no aparece en la primera entrega de documentación que solicito. Llega a mis manos por la intervención del Director General de Personal. Conociéndolo se entienden las razones de la ocultación: es un despropósito de tal calibre, pleno de afirmaciones falsas, que él solo justifica la sentencia (Está a disposición de quien lo solicite).

Para mí el proceso fue una enriquecedora escuela. Conocí a una muy amplia cantidad de personas dispuestas a colaborar con la búsqueda de la verdad y la justicia. Sentí el calor de mis compañeros y compañeras. Tuve el apoyo directo y próximo de un grupo importante sin el cual no había sido capaz de llevar a cabo toda la tarea (hoy me sorprendo de las 6 cajas de documentación que guardo del proceso). A lo largo de tres años fueron muchas las horas en que trabajamos juntos, analizamos procesos, construimos respuestas y, sobre todo, nos transmitimos el ánimo suficiente para continuar la pelea.

A todos y todas: Gracias por la lección que me enseñasteis. Inolvidable.